La austeridad republicana será conducta y política de Estado que los entes públicos están obligados a acatar para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, establece el dictamen con proyecto de decreto por el que se expedirá la Ley Federal de Austeridad Republicana, cuya versión final se imprimió el viernes en las comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto.

El texto de tres capítulos, 61 ar-tículos y siete transitorios, refiere en el sexto que tal austeridad deberá partir de un diagnóstico de las medidas a aplicar, su compatibilidad con la planeación democrática, y el respeto a los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales. Al final de cada año fiscal los entes obligados entregarán al Comité de Evaluación un Informe de Austeridad Repúblicana en el cual se reportarán los ahorros.

Con un amplio catálogo de responsabilidades de los servidores públicos, éstos se abstendrán de asociarse con inversionistas, contratistas o empresarios nacionales o extranjeros para establecer cualquier tipo de negocio privado. Y para ejercer el servicio público estarán obligados por la ley a separarse legalmente de los activos e intereses económicos que afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades en el servicio público y que constituyan conflicto de intereses.

En el artículo 63 se advierte que cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consaguinidad al cuar-to grado de afinidad y al segundo grado o vínculo de matrimonio o concubinato.

Los entes obligados deberán abstenerse de afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos; de enfocar las medidas de austeridad en el gasto corriente no prioritario; evitar reducir la atención de emergencias y desastres naturales o provenientes de la actividad humana.

En el artículo noveno –del proyecto que será sometido a votación el martes– se advierte que todo contrato suscrito con empresas nacionales o extranjeras que haya sido otorgado mediante tráfico de influencias, corrupción o que causen daño a la hacienda pública serán nulos de pleno derecho de conformidad con el marco normativo aplicable.

Además, los entes de la Administración Pública Federal ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana. Se eliminarán todo tipo de duplicidades. En el Poder Ejecutivo se asignará secretario particular sólo a los titulares de dependencia o entidad; se elimina la asignación de chofer a todos los servidores públicos; la contratación de personal por honorarios y asesores deberá estar justificada.

En otros artículos se colocan límites al gasto neto total a propaganda o publicidad oficial; quedan prohibidas las delegaciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal en el extranjero; se prohíbe la compra o renta de vehículos de lujo.

La propuesta de nueva ley, significa una ruptura con las prácticas que el gobierno federal ha denunciado como corruptas e ilegales en los gobiernos del PRI y del PAN. A esto se suma como obligatoria la venta de toda la flota aérea que prestaba servicio a los presidentes de la República, a sus familiares y empleados; tampoco se realizarán gastos de oficina innecesarios, ni se remodelarán éstas por cuestiones estéticas; será castigado el uso excesivo de energía eléctrica, agua, telefonía, gasolinas e insumos.

No se volverá a constituir un fideicomiso público, ni fondos análogos. Y en el caso de ser necesario habrán de ser manejados por de Hacienda. Aquellos existentes estarán obligados a publicar cada tres meses su rendición de cuentas.