l presidente Juan Carlos Varela Rodríguez inauguró el pasado el jueves la segunda línea del Metro de Panamá, un controvertido proyecto construido por la brasileña Odebrecht, que está en el centro de un escándalo de sobornos en la región.

¡Un gran día Panamá!, tuiteó temprano el mandatario antes de dar luz verde a la línea ferroviaria de 21 kilómetros, cuya construcción tomó más de cuatro años y tuvo un costo superior a los 2 mil 100 millones de dólares, 200 millones más de lo originalmente planeado en la licitación.

Varela puso en marcha el sistema en medio de la campaña para las elecciones generales del próximo 5 de mayo, algo similar a lo que hizo su antecesor Ricardo Martinelli cuando inauguró, con una gran festividad, la primera línea en la víspera de los comicios de 2014.

Un proyecto hecho con honestidad, con transparencia y eficiencia en tan sólo 42 meses a pesar de todas las adversidades, manifestó Varela.

El Metro de Panamá es el primer tren moderno de pasajeros que opera en un país de América Central. Varela ha resaltado la obra como una de las más importantes de su gobierno y por el impacto que tendrá para pobladores de la zona este de la capital.

Sin embargo, al gobernante se le recriminó que la obra se adjudicase a un consorcio integrado por Odebrecht en momentos en que salían a la luz los escándalos de corrupción que salpicaban a la constructora.

Al inaugurar la segunda línea, Varela aceptó que ésta se concluyó a pesar de las justificadas tormentas judiciales en las que se vio envuelto el gigante de la construcción brasileña, pero destacó que la empresa no descuidó los trabajos.

El gobierno entregó otras obras públicas multimillonarias a esa empresa, que se convirtió en el principal contratista del Estado panameño en los recientes 15 años.

La otra constructora de la segunda línea es la española FCC. Ambas empresas trabajaron también de manera conjunta en la primera línea.

La justicia estadunidense informó a fines de diciembre de 2016 que Odebrecht admitió haber pagado sobornos por 788 millones de dólares a una decena de países de América Latina para hacerse de contratos jugosos.

En el caso de Panamá habría repartido más de 80 millones de dólares durante la administración de Martinelli (2010-2014), según la Fiscalía General.

Ap