Morena en la Cámara de Diputados informó a la oposición que la reforma educativa no se aprobará en el actual periodo de sesiones. Ya no veo condiciones, expresó Mario Delgado, comentaron legisladores a este diario, y la discusión del dictamen ya avalado se realizaría hasta septiembre.

Por separado, los grupos parlamentarios de PRI y PRD afirmaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede derogar la reforma de Enrique Peña Nieto con un decreto.

En la Constitución no hay disposición alguna que faculte al Presidente a abrogar o derogar reformas constitucionales o leyes de ningún tipo, atajó el PRI.

La bancada del tricolor difundió ayer una tarjeta donde precisa que sólo en casos de emergencia, el Ejecutivo puede expedir leyes que restrinjan las garantías individuales, como define el artículo 29 constitucional, y aun en estos casos la constitucionalidad debe ser revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Constitución, indicó, no le da al Presidente atribuciones legislativas, y aunque en la historia del país sí existió ese mecanismo, se eliminó definitivamente en 1938.

Recordó que se trataba de una práctica sin fundamento constitucional, a la que se denominó sistema de facultades acumuladas, que permitió asumir funciones legislativas a Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez y a Lázaro Cárdenas, quien presentó una iniciativa para eliminarla.

Por lo tanto, para abrogar o derogar una ley debe seguirse el mismo procedimiento que para su aprobación, es decir, mediante el Congreso de la Unión, sostuvo.

Agregó que el jefe del Ejecutivo tiene la obligación de cumplir las leyes aprobadas por el Congreso, y en el caso de las de carácter constitucional, por el Constituyente Permanente, y no tiene atribuciones para determinar por sí mismo la inaplicabilidad, inobservancia, derogación o abrogación de reformas constitucionales o legales.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, señaló que si la reforma se estancó se debe a que el Presidente hizo promesas a los maestros que hoy no está en condiciones de cumplir.

Pretender gobernar por decreto y vulnerar las facultades del Poder Legislativo es propio de regímenes autoritarios. El Presidente se equivoca si piensa que puede abrogar por decreto la reforma educativa de 2012. La abrogación es facultad del Congreso de la Unión, indicó.