erca de cumplirse cinco años del peor desastre ambiental de la industria minera del país (Semarnat dixit), Germán Larrea y su Grupo México se mantienen en la impunidad absoluta, mientras la población afectada por tal catástrofe sufre las consecuencias ante la pasividad de las autoridades federales y estatales.

El 6 de agosto de 2014, la empresa Buenavista del Cobre (propiedad de Larrea) derramó 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y otros metales pesados en el arroyo Tinajas del municipio Cananea, Sonora, y alcanzó a los ríos Bacanuchi y Sonora. Otro homicidio industrial de Grupo México.

Lo anterior afectó a una zona de 271.6 kilómetros lineales del cauce del río y representó un grave daño ambiental, económico y de salud a 25 mil habitantes de ocho municipios sonorenses, dedicados principalmente a la agricultura, ganadería, elaboración artesanal de quesos y dulces regionales, entre otros.

Cinco largos años a lo largo de los cuales las autoridades federal y estatal sólo han hecho una cosa: garantizar impunidad a Germán Larrea y su Grupo México, dejando a un lado los daños causados a la población y al medio ambiente, sin olvidar que la concesión minera de Buenavista del Cobre se mantiene intocada.

Por ello, en estos días los senadores Napoleón Gómez Urrutia y Lilly Téllez presentarán ante el pleno de esa instancia legislativa un punto de acuerdo de urgente resolución por medio del cual exhortan a los gobiernos sonorense y federal (Secretaría de Economía, Salud, Semarnat y Sagarpa, así como a la Profepa y a la Comisión Nacional del Agua) a que lleven a cabo las acciones para remediar los daños ambientales, materiales y a la salud de las personas que habitan en las comunidades aledañas a los ríos afectados, así como la aplicación de la ley, incluyendo las sanciones a Grupo México.

En su propuesta de punto de acuerdo, los citados senadores subrayan que Grupo México, de Germán Larrea, incumplió con el Fideicomiso Río Sonora y de aquellas acciones que de ahí se desprenden, como la creación de clínicas de salud y hospitales de alta especialidad para todo tipo de enfermedades, incluyendo la atención a pacientes con cáncer, el monitoreo de la calidad del agua en toda la cuenca de este caudal, así como en la instalación de plantas de tratamiento, abastecimiento de agua potable, entre otros aspectos, sin dejar a un lado la afectación a la actividad agropecuaria de al menos ocho municipios, que han dejado de producir maíz, papa, calabaza, frijol y haba, por ejemplo. Los daños a la ganadería y los altos niveles de contaminantes continúan en algunas zonas del río.

El citado punto de acuerdo exhorta a las autoridades federal y estatal para que rindan un informe que contemple las acciones que se han llevado a cabo relacionadas con el derramamiento de aproximadamente 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico, así como de la situación en la que se encuentran los ríos, sus inmediaciones y comunidades.

Además, que en el ámbito de sus facultades dichas autoridades lleven a cabo las medidas, procedimientos y acciones necesarias para que Grupo México repare a cabalidad los daños al ambiente, la salud de las personas, el bienestar y la capacidad productiva de los ciudadanos en las comunidades afectadas por los derrames de residuos peligrosos generados por sus actividades al río Bacanuchi y al río Sonora.

Y exigen algo que, por lo demás, el gobierno de Enrique Peña Nieto debió hacer desde un principio: que la Secretaría de Economía aplique la multa a Grupo México, con fundamento en el artículo 57 fracción VII párrafo 14 de la Ley Minera, y cancele la concesión a la mina Buenavista del Cobre en Cananea.

Las rebanadas del pastel

Hoy en la mañanera el presidente López Obrador divulgará los nombres de las gasolineras que venden más caro, en el entendido de que Pemex les entrega el combustible a 16 pesos y el consumidor debe pagar 20 pesos o más, sin olvidar los litros de 700 mililitros. Se va a poner bueno.

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