n el curso de la semana pasada más de 80 hectáreas de selva baja y de bosques de pino y encino fueron afectadas por un incendio en el municipio de Santa María Alotepec, en la Sierra Norte de Oaxaca; en el municipio jalisciense de Tlajomulco de Zúñiga, en tanto, un evento similar causó daños en casi 2 mil hectáreas del bosque La Primavera, lo que obligó a la suspensión de actividades en los centros educativos ubicados en las proximidades; en lo que va del año, en esta capital, han tenido lugar decenas de incendios en pastizales en las alcaldías de Tlalpan, Xochimilco, Milpa Alta y Gustavo A. Madero, y miles de sucesos de esta clase ocurren anualmente en el territorio nacional.
Sólo un pequeño porcentaje de tales incendios son consecuencia de fenómenos naturales, como descargas eléctricas o erupción de volcanes; la gran mayoría de ellos, en cambio, se desencadenan por actividades humanas como prácticas agropecuarias, quemas de basura, fogatas y fumadores irresponsables.
Según un documento de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) de 2012, aunque el impacto ambiental y económico causado por tales incendios no es sólo negativo; los incendios controlados pueden permitir el rebrote de pasto tierno, la germinación de semillas de algunas especies de árboles, la reincorporación de nutrientes al suelo, la supresión de materiales combustibles ligeros (pastos, hojarasca, hierbas) y el control de plagas, enfermedades y vegetación indeseable, y con ello se pueden prevenir incendios descontrolados de grandes magnitudes.
Con todo y ello es indudable que la quema de grandes extensiones de vegetación, sea intencional o accidental, tiene un altísimo costo por las emisiones de gases de efecto invernadero, la degradación de los suelos y la cobertura vegetal, los daños directos e indirectos que causan a la flora y la fauna e incluso, en casos graves, los peligros hasta mortales que conllevan para las poblaciones humanas.
Dependiendo de su magnitud estos siniestros son enfrentados por autoridades municipales, estatales o federales, casi siempre con el auxilio de la población civil, pero no existe una instancia especializada de coordinación centralizada y eficiente capaz de responder con prontitud a nivel nacional.
Debe considerarse que en materia de incendios forestales descontrolados es crucial reducir al mínimo los tiempos de evaluación de la situación y reacción, y que unas cuantas horas pueden marcar la diferencia entre un suceso menor y una castástrofe.
Es menester, por ello, plantear la pertinencia de colocar entre las prioridades del país un sistema de preservación forestal, protección civil y, en general, lo que se ha dado en llamar gestión de riesgos
, dotado de equipos modernos –por ejemplo, en Canadá y otros países con grandes extensiones forestales se cuenta con aviones para extinción de incendios– y coordinación centralizada.
