Llegar a la verdad, la justicia, la reparación de los daños y la garantía de no repetición en cumplimiento de los estándares internacionales en el caso Ayotzinapa, es una obligación del Estado mexicano, aseveró Michelle Bachelet, titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Para la funcionaria, los crímenes contra los estudiantes de esta normal, suscitados entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, representan un caso paradigmático que muestra la gravedad de las desapariciones en México y los retos que enfrenta su sistema para atender las violaciones a los derechos humanos.

En el contexto de su visita oficial a México, Bachelet firmó ayer un convenio de colaboración con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, por el cual la representación en el país de la ONU-DH brindará asesoría y asistencia técnica para resolver el caso Ayotzinapa. Se trata del segundo acuerdo internacional para este caso, pues el pasado 11 de marzo el gobierno federal signó un documento similar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Llegar a fondo representa la oportunidad para potenciar cambios de fondo en el sistema judicial que permitan alcanzar el anhelo de justicia de quienes han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos y saldar la deuda histórica que existe con las víctimas de la violencia.

Compromiso ineludible

El objetivo del acuerdo es alcanzar la verdad y la justicia sobre la desaparición de los 43 normalistas. Las autoridades mexicanas, sentenció, deben asumir como una prioridad ineludible la búsqueda de las más de 40 mil personas desaparecidas en el país.

La firma del convenio se realizó la mañana de ayer en el salón José María Morelos y Pavón de la cancillería. Atestiguaron el acto una comisión de los padres de los normalistas y los representantes de las organizaciones civiles que los han acompañado en más de cuatro años y medio de lucha por la justicia, así como la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; y los subsecretarios de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Gobernación, Martha Delgado y Alejandro Encinas, respectivamente.

Bachelet reconoció la voluntad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para iniciar una nueva etapa para este caso, la cual, confió, permita superar los cuestionamientos formulados por distintas instancias nacionales e internacionales a la investigación realizada por la extinta Procuraduría General de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Confió en que el Estado mexicano acate todas las recomendaciones hechas por los organismos internacionales, incluido el informe de la ONU-DH titulado Doble injusticia, en el que se acreditaron 37 casos de torturas contra personas implicadas en los crímenes.

Prácticas como tortura, malos tratos y actos de obstrucción de la justicia no tienen cabida en un Estado comprometido con los derechos humanos. Y ese mismo estándar es el que debe regir el caso Ayotzinapa: el pleno respeto a las garantías básicas.

El canciller Ebrard Casaubón afirmó que el caso Ayotzinapa ha sido y es la principal preocupación del gobierno que encabeza el presidente López Obrador por la inmensa trascendencia y los significados que tiene para la vida pública mexicana.

Aseveró que es relevante para el gobierno federal que la ONU-DH respalde el proceso, pero a la vez exijan que el mismo sea conforme a las más altas y exigentes normas a escala internacional. Sánchez Cordero detalló que la mañana de ayer, durante la reunión del gabinete de seguridad, el mandatario federal les dejó claro que la prioridad de su administración es la protección y garantía a los derechos humanos.