Dirige escrito a la CSJ Argentina
Defensor del líder sindical Hugo Moyano denuncia al presidente Macri por espionaje contra él y su familia
Martes 9 de abril de 2019, p. 24
Buenos Aires. Los abogados de la defensa de Florencia Kirchner, hija de la ex presidenta Cristina Fernández, presentaron un escrito ante los jueces de la causa Los Sauces, con copia a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que se le permita continuar y terminar su tratamiento médico en Cuba, luego de que médicos forenses de la Corte Suprema argentina consideraron que no debería viajar en sus condiciones actuales, como prescribieron los profesionales cubanos que la atienden.
Carlos Beraldi, el abogado de Florencia Kirchner, tomó esta decisión porque el tribunal oral federal 5 había ratificado la orden para que regresara el pasado 4 de abril, pero un día antes de vencer este plazo se declaró incompetente en la causa, mientras el tribunal 8 había decidido extender el permiso por 15 días.
La defensa de Florencia Kirchner había presentado un recurso para que se reconsiderara la decisión de obligarla a volver a la Argentina, pero fue rechazado y entonces se apeló ante la cámara de casación, pero no se definió y le devolvió el caso a tribunal 5 para que resuelva esto y también la unificación de las causas en un solo juicio, como exigen todas las partes.
Debido a esta diferencia de criterio y ante el rechazo del recurso para que se revisara la situación se decidió ir directamente ante la Corte Suprema. En realidad las acusaciones que pesan sobre la hija de los ex presidentes Cristina Fernández y Néstor Kirchner son dudosas y más aún cuando participan jueces que están directamente ligados al gobierno de Mauricio Macri, quien mantiene un sistema de persecución política, judicial y mediática con participación del monopólico Grupo Clarín, abiertamente favorecido por el Ejecutivo.
Además, este entramado quedó en evidencia con el escándalo del descubrimiento de la red de extorsión y espionaje ilegal, cuya investigación reveló cómo se arman causas y se presiona a los jueces, así como la intervención de instituciones estatales, entre ellas la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Este lunes el abogado Daniel Llermanos, quien representa a Hugo Moyano, dirigente sindical de Camioneros, presentó una denuncia contra Macri por espionaje contra él y su familia, todo esto a partir de las revelaciones que surgen de la pesquisa del juez federal Alejo Ramos Padilla con relación a la documentación y el montaje de una red paraestatal de extorsión y espionaje encontrados durante la detención del falso abogado y espía Marcelo D’Alessio.
En esta red están involucrados políticos, periodistas, diputados nacionales e integrantes del Poder Judicial y de la inteligencia, así como agencias de espionaje extranjeras.
A las pruebas incriminatorias encontradas en el D’Alessiogate se añadió la declaración del juez Carlos Carzoglio, quien se negó a ordenar la detención de Pablo Moyano bajo presión directa de funcionarios de la AFI, que mencionaron a Macri y cuyos titulares, Gustavo Arriba y Silvia Majdalani, debieron admitir ante el Congreso que se habían acercado al magistrado supuestamente para conocer datos de la causa contra Moyano
, pero trataron de negar otros vínculos.
La revelación del juez Luiz Carzoglio, quien denunció una operación judicial y mediática en su contra por haber rechazado un pedido de detención de los dos líderes sindicales en octubre pasado, causó un fuerte impacto público y luego fue separado de su cargo por una maniobra de jueces ligados al gobierno.
El magistrado reveló que estaba sometido a espionaje, ya que le mencionaron una enfermedad de su esposa que no es de conocimiento público para presionarlo y luego hubo amenazas de muerte.
Pero el D'Alessiogate no se detiene aquí y en las últimas horas un espía de la AFI confirmó que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, fue espiada por esa especie de agencia paralela
que él mismo integró y que evidentemente entró en contradicciones con algunos de sus colegas.
Cada día aparecen nuevos datos y además de los fiscales Carlos Stornelli y Bidone, también el juez Claudio Bonadío –quien arma causas en forma permanente contra Fernández de Kirchner y varios de sus ex funcionarios detenidos ilegalmente– aparece cada vez más involucrado y la causa de los cuadernos
está a punto de desmoronarse.