l inicio del programa piloto de afiliación de trabajadoras y trabajadores del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es un primer paso para corregir la injusticia, la discriminación y la marginación en las que ha vivido desde siempre ese segmento de la población laboral, integrado en su mayoría por mujeres. Ayer, en la inauguración de un programa de 18 meses para incorporar a esas trabajadoras al IMSS, el director general de esa institución, Germán Martínez Cázares, informó que se les dará cobertura sin restricciones tales como enfermedades prexistentes o límite de edad.
La medida gubernamental, asumida tras una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó al Seguro Social afiliar a ese sector, debe ser necesariamente gradual para llegar a la incorporación total de los empleados domésticos, pues requiere de una reforma a la Ley del Seguro Social para hacer obligatoria su incorporación. Por ello se diseñó un periodo de año y medio al cabo del cual la institución, organismos civiles y sindicatos diseñarán la iniciativa de modificación legal correspondiente.
Que las trabajadoras del hogar cuenten con seguridad social, no sólo es indispensable para la atención médica, la jubilación y otras prestaciones, sino también para que tengan el piso mínimo de derechos que por siempre les había sido negado. Pero esa injustificable anomalía se proyecta mucho más allá de la indefensión laboral y legal de ese segmento de trabajadores: conforma, en lo social, vergonzosas circunstancias de discriminación y humillación características de nuestra sociedad.
Por un lado, la mayoría de los integrantes de ese sector desempeñan su tarea sin contrato y, por tanto, sin prestación formal alguna, límite de horario, vacaciones y medidas mínimas de seguridad laboral; su permanencia en el empleo suele ser absolutamente incierta, discrecional y sujeta al capricho de sus empleadores, y no son inusuales las situaciones de maltrato –sicológico o físico– y abuso sexual. Por el otro, la sociedad ha construido desde hace mucho un arquetipo infamante que permanece vigente a pesar de los avances civilizatorios y de las transformaciones en los modos de vida impulsadas por los cambios económicos: la empleada doméstica sigue estando encuadrada en el arquetipo de una mujer indígena, de baja o nula escolaridad y procedente de entornos rurales, víctima de términos peyorativos y en el cual las clases medias y pudientes depositan su desprecio.
Independientemente de la génesis histórica de semejante aberración social, si ésta se sostiene en el país contemporáneo es resultado en buena medida de que ese sector de la población trabajadora está sumido en la extrema informalidad.
Por eso, el inicio de su regularización laboral por medio de la incorporación a los mecanismos de seguridad social es indispensable –aunque no suficiente– para su dignificación y para erradicar una relación social discriminatoria y degradante para el país. Cabe esperar, finalmente, que este arranque esté acompañado de una voluntad política sostenida para la plena inserción de las trabajadoras del hogar en el contexto laboral que hasta ahora les ha sido negado.
