yer, el presidente estadunidense, Donald Trump, volvió a amenazar con un cierre total o parcial de la frontera terrestre que separa a su país de México si su contraparte mexicana no detiene el flujo de migrantes centroamericanos que atraviesan la nación en su intento de llegar a Estados Unidos. La nueva andanada de bravuconadas contra México y el Partido Demócrata –al que culpa de la débil legislación migratoria de su país– se diferencia de anteriores amagos de Trump en que por primera vez mencionó un plazo para la drástica medida, con lo cual parece subir la apuesta en su pulso por atizar la xenofobia de los ciudadanos de su país como estrategia de campaña permanente.

Pese a la ligereza con que el magnate habla del cierre de la frontera de 3 mil kilómetros que lo separa de su tercer socio comercial, no se trata en modo alguno de una cuestión menor. Por las diferentes garitas fronterizas cruza cada día más de un millón de personas, en ambas direcciones para estudiar o trabajar en el lado contrario a aquel en el cual reside; sólo en el área metropolitana formada por Tijuana y San Diego este flujo humano implica a 100 mil personas diarias, más de 30 millones al año. Y además del tránsito humano, está el comercial: se estima que cada jornada las respectivas aduanas son testigos del paso de 1.4 mil millones de dólares en mercancías, lo que hace de esta frontera la más importante del mundo en términos económicos. Para las entidades estadunidenses colindantes con México, un eventual cese de los intercambios sería simplemente catastrófico: en el caso de Texas, 463 mil empleos (y 94 mil millones de dólares) dependen del comercio con nuestro país a través de la frontera, y en California esa cifra crece hasta 692 mil puestos de trabajo.

Como resulta natural, las consecuencias de cortar o restringir el paso bilateral de los bienes y las personas dispara las alarmas en ambos lados de la frontera y generan una intensa presión de los organismos empresariales estadunidenses para asegurarse de que el político republicano, bajo ningún concepto, pase del dicho al hecho. No sólo el cabildeo se interpone entre Trump y sus nefastas intimidaciones: si bien el sistema presidencialista que rige en Washington otorga amplias facultades al jefe de Estado, también existe una serie de restricciones legales que impedirían o revertirían un cierre fronterizo unilateral. Éstas van desde la ausencia de cualquier posibilidad legal de impedir a los ciudadanos estadunidenses que regresen a su país desde México, hasta las previsiones en la materia contenidas en los estatutos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pasando por el antecedente de la revocación judicial de su intento de prohibir la entrada a ciudadanos de naciones de mayoría musulmana.

Lamentablemente, ni siquiera es necesario que las amenazas del inquilino de la Casa Blanca lleguen a concretarse para que éstas produzcan ingentes daños, como demuestra la caída en la cotización del peso y la desaceleración en la Bolsa Mexicana de Valores en las horas posteriores a la serie de tuits en los que comunicó sus propósitos. Por los quebrantos materiales y humanos que acarrea –no sólo para México, sino para su propio país–, así como por la probada inutilidad de este tipo de medidas para refrenar los flujos migratorios, el conjunto de la clase política estadunidense debería hacer un llamamiento al magnate con la finalidad de que cese su uso político y propagandístico de un arma retórica que fácilmente puede salirse de control.