El Gobierno de México aceptó 262 de las 264 recomendaciones hechas en el contexto de la Tercera Evaluación del Mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Una de las sugerencias no aceptadas proponía adoptar medidas para el respeto y defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

En el contexto del 40 Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrado en Ginebra, Suiza, del 25 de febrero al 22 de marzo de 2019; por conducto de Cristopher Ballinas Valdés, director general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, el pasado 14 de marzo el gobierno nacional informó que de las 264 recomendaciones que los Estados miembros de la ONU realizaron a México durante su evaluación realizada el pasado 7 de noviembre, consideró como no aceptables dos.

Sobre la recomendación número 62, relativa al respeto y defensa de la vida desde la concepción, México no la recibió debido a que es inconsistente con el marco constitucional y la legislación penal mexicana federal y estatal. Ello debido a que existen marcos legales que contemplan la interrupción del embarazo en casos como violación. Tampoco fue aceptada la número cinco, que se refiere a la ratificación de las enmiendas adoptadas en 2010 en Kampala, Uganda, al Estatuto de Roma, mediante las cuales en 2010 se amplió la definición de los crímenes de guerra y tipificó el crimen de agresión, definiéndolo y estableciendo las condiciones de ejercicio de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional respecto del mismo. La cancillería mexicana explicó que sólo se tomó nota de esta sugerencia debido a que permanecen vigentes las consultas correspondientes por parte del Gobierno de México.

Ballinas Valdés explicó ante la ONU que, teniendo en cuenta las observaciones recibidas del EPU y otros organismos, así como las aspiraciones nacionales, se identificaron los ejes temáticos en los que el nuevo gobierno trabajará que son la reducción de la inequidad social y defensa de los grupos en situación de vulnerabilidad; libertad de expresión; Estado de derecho, desaparición forzada y combate a la tortura y otros tratos; penas crueles, inhumanas y degradantes; así como paz y seguridad.

Expresó que el gobierno de México se compromete a atender y dar seguimiento puntual a dichas recomendaciones con base en tres ejes: impulsar un mecanismo de coordinación eficaz en los tres poderes y órdenes de gobierno; propiciar un diálogo sostenido con las organizaciones de la sociedad civil y desarrollar mecanismos de cooperación con otros Estados que, por medio de asistencia técnica, contribuyan a la construcción capacidades.

Durante este periodo de sesiones, México participó para promover el respeto de los derechos humanos y el fortalecimiento de las normas y estándares internacionales. Formó parte de los grupos núcleo de países que presentaron resoluciones sobre empoderamiento de los niños con discapacidad para el pleno disfrute de sus derechos humanos. Además estuvo a cargo de la resolución que renueva el mandato de la Relatora Especial sobre terrorismo, la irlandesa Fionnuala Ní Aoláin.