an pasado, efectivamente, 24 meses desde la mañana en que Miroslava Breach, corresponsal de este periódico y colaboradora de Norte de Ciudad Juárez, fuera asesinada frente a su casa mientras esperaba a su hijo para llevarlo a la escuela. En ese lapso es mucho lo que se ha escrito y más aún lo que se ha dicho sobre el brutal crimen, sus motivaciones y sus presuntos autores; han abundado, también, los homenajes para la figura de Miroslava, los reconocimientos a su capacidad periodística y los elogios a su integridad profesional. No han faltado, asimismo, las declaraciones de propósito de distintas autoridades en el sentido de no descansar hasta aclarar el funesto episodio, identificar a los responsables, castigarlos conforme a derecho y adoptar las medidas que fueran necesarias para proteger la vida de los comunicadores –hombres y mujeres– que como Miroslava cumplen con su compromiso de llevar a la luz pública los aspectos más oscuros de nuestra sociedad. Pero, en esencia, el resultado de las investigaciones sobre el caso, desarrolladas en el ámbito del sistema de procuración de justicia en sus distintos niveles, es igual al de centenares de crímenes que han enlutado al país en años recientes: brumoso y poco convincente.

Hasta ahora, un acusado de participación directa en el asesinato se encuentra en prisión y otro tiene una orden de aprehensión sin ejecutar contra él. Un tercer personaje, al que se le atribuye la autoría material del homicidio, fue hallado muerto en una zanja del municipio sonorense de Álamos a mediados de diciembre pasado. Los otros dos (el apresado y el prófugo) también habrían sido partícipes de la ejecución, lo que en el mejor de los casos significa que estarían identificados los sicarios que mataron a Miroslava, pero no quienes planearon su muerte.

Habrían, estarían. Demasiados verbos en modo condicional para satisfacer las demandas de justicia de los familiares y amigos de la periodista asesinada, así como los del resto de los comunicadores y la ciudadanía preocupada por la pertinaz ola de crímenes que desde la muerte de nuestra compañera hasta hoy ha cobrado más víctimas.

Hace pocos días la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión informó, por medio de su titular, que se encontraba lista para fundamentar sus acusaciones contra el único detenido por la muerte de Miroslava (el juicio respectivo está previsto para noviembre de este año). Fue cauteloso, en cambio, al momento de referirse al estado de las pesquisas sobre quién o quiénes urdieron el crimen y sobre los motivos que tuvieron para ello, limitándose a comentar que el proceso de investigación sigue y que el expediente del caso puede acrecentarse con la inclusión de otros involucrados.

Es preciso, a pesar de la lentitud con que se llevan a cabo las diligencias judiciales, no quitar el dedo del renglón a la hora de exigir que la muerte de Miroslava Breach –y por extensión la de cada una de las víctimas de la violencia criminal, organizada o no– sea aclarada de manera inequívoca con miras a desarticular lo que parece ser una red de intereses y complicidades armada para gestionar la impunidad de los asesinos.