Profesores e investigadores afirmaron que el proyecto de dictamen para reformar los artículos 3, 31 y 73 constitucionales, que se prevé aprobar la próxima semana en la Cámara de Diputados, no sólo es regresivo, sino que eleva a rango constitucional la apertura del sector educativo a la iniciativa privada y garantiza su injerencia en los aspectos centrales del sistema educativo.

En entrevista, Francisco Bravo, ex secretario de la sección 9 e integrante de la Dirección Política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y María de la Luz Arriaga, representante en México de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, destacaron que se impulsa no sólo un régimen de excepción laboral para el magisterio, también se modifica de fondo el concepto de educación y se mantiene una visión neoliberal y reduccionista.

El texto es resultado de una clara negociación política entre las fuerzas de derecha, que incluso echa para atrás la propuesta presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre pasado, aseguraron.

Consideraron “muy preocupante que uno de los elementos centrales del documento –que será aprobado en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Educación de San Lázaro– es restituir, e incluso profundizar, la conducción de la educación en colaboración con el sector empresarial y con organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”.

También desaparece, indicaron, la obligación del Estado y las instituciones de educación superior de garantizar como un derecho que todo mexicano pueda tener estudios universitarios.

Arriaga dijo que esto se aplica mediante el nuevo centro de revalorización del magisterio, que sustituirá al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, al dejar en sus manos la definición de las políticas públicas en materia educativa a través de la evaluación. El que evalúa, manda. Si definen estrategias, perfiles de docentes, estándares e indicadores, y se establecen nuevamente parámetros de idoneidad, se vuelve a introducir toda esta visión gerencial y empresarial de la educación.

En el nuevo dictamen, explicó, se modificó la propuesta original del Presidente acerca de que el nuevo centro dependiera de la SEP, pero ya no es así, pues será el Senado el que determine quiénes integrarán su junta directiva y su consejo técnico, donde se dará voz y voto a la iniciativa privada.

Bravo detalló que se abren constitucionalmente las puertas al sector empresarial para que pueda participar y definir aspectos centrales de la educación, porque este nuevo centro tiene un consejo ciudadano honorífico que integrará a todos los sectores que tengan que ver con la educación, lo que es grave, porque ni siquiera en la reforma educativa aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto se atrevieron a dar rango constitucional a la integración de este tipo de organismos.

Si un gobierno que se dice de izquierda introduce estos mecanismos de injerencia en el artículo tercero constitucional, cuando haya un cambio de fuerzas políticas se va a potenciar su efecto. Esta regresión será un desafío que nos llevará por décadas a luchar sobre quién conduce la educación en el país.

Agregaron que reformar el sistema educativo debe ser una tarea de largo plazo. Por ello, anunciaron la creación de una Red Nacional de Académicos que permita generar un auténtico debate.