Rosario Robles Berlanga, a quien el actual gobierno señala como participante en el financiamiento de la serie documental El populismo en América Latina, junto con el Consejo Mexicano de Negocios, ha sido acusada en años recientes como presunta responsable de desvíos millonarios cuando estuvo al frente de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol, ya extinta) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Uno de los señalamientos más recientes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en ese sentido es que la Sedatu –bajo el mando de la ex jefa del Gobierno capitalino– habría sido responsable de probables daños al erario por más de 2 mil millones de pesos en la Cuenta Pública 2017, por haber cometido irregularidades, entre ellas utilizar recursos de aquel año para solventar proyectos de 2016.

De igual forma, la mencionada dependencia liquidó adeudos con proveedores y pagó indemnizaciones por la expropiación de terrenos con recursos que no estaban dirigidos a esos fines, sin el aval de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sin tener la documentación probatoria de que las mencionadas tareas realmente se llevaron a cabo.

Subcontrataciones

Un ejemplo más de las acusaciones contra Robles Berlanga es que, en 2016, la Universidad Politécnica de Tlaxcala firmó un convenio con la Sedatu que la obligaba a realizar diversos trabajos para esa dependencia, pero decidió llevar a cabo una serie de subcontrataciones con empresas privadas que no tenían la capacidad de cumplir con las labores ni entregaron pruebas de haberlas efectuado, lo que habría generado un probable daño a la hacienda pública federal por más de 178 millones de pesos.

Otro episodio en el que estaría involucrada Robles, esta vez como titular de la Sedesol, es el otorgamiento de contratos por parte de Diconsa a dos instituciones estatales de educación superior, nuevamente sin comprobar que tuvieran la capacidad suficiente para concretar el trabajo encomendado, lo que implicó un quebranto al erario por más de 378 millones de pesos.

De acuerdo con investigaciones periodísticas y de la ASF, el modus operandi de Robles consistía en que las secretarías a su cargo le otorgaban contratos millonarios a universidades estatales y otros organismos públicos para diversas tareas, y dichas entidades, a su vez, subcontrataban casi la totalidad de los trabajos a empresas que no tenían la capacidad para ello, tenían apenas unos meses de ser creadas y contaban con un registro irregular.