El despojo de 300 mil créditos para la vivienda, otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) requiere de la intervención del Ejecutivo federal, expuso Evaristo Lenin Pérez, secretario de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en la Cámara de ­Diputados.

El legislador solicitó esclarecer los juicios irregulares –de unas 300 mil viviendas– que consisten en detectar a los derechohabientes que dejan de pagar sus casas, iniciar un juicio exprés del que no tienen conocimiento los propietarios, para posteriormente adjudicar nuevamente la propiedad al Infonavit y finalmente volverla a vender.

Los trabajadores víctimas nunca tienen conocimiento de la controversia, no son notificados y, por tanto, no tienen la posibilidad de defenderse.

La denuncia se funda en información proporcionada por el subdirector general de Administración de Cartera del Infonavit, Bernardo Altamirano Rodríguez, quien expuso ante los diputados que entre 2014 y 2018, 259 mil 906 créditos de cartera vencida fueron llevados a juicios masivos, de los cuales 38 por ciento fue procesado desde juzgados en Coahuila y otro gran número en Nayarit, y que afectan en gran medida a esos dos estados y a otros seis: Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.

Colocó sobre la mesa el caso de Nayarit, donde se llevaron a cabo 60 mil juicios falsos de manera exprés para adjudicar nuevamente al instituto viviendas de manera irregular.

A partir de ese esa maquinación, el Poder Judicial de Nayarit suspendió provisionalmente a dos jueces y a dos secretarios por posible corrupción que permitió el despojo a 60 mil familias. Un abogado del despacho involucrado se encuentra en prisión preventiva. Además, fue suspendido temporalmente de su cargo el magistrado Jorge Ramón Marmolejo Coronado, señalado como involucrado en el megafraude.

En Coahuila se actúo de igual forma: se estima que fueron despojadas de sus viviendas 200 mil personas y que la cifra podría crecer conforme avancen las averiguaciones. Fueron suspendidos seis jueces y 12 secretarios por su participación en el mismo fraude.