Todavía no hay avances en la aplicación del nuevo Plan Nacional de Salud, admitió el secretario Jorge Alcocer Varela. Señaló que se han encontrado varios problemas en los servicios médicos que han estado a cargo de los gobiernos de los estados, entre otros, deudas con diferentes instancias, las cuales no pueden ser absorbidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es un déficit que se tiene que negociar con los gobiernos estatales.

Aunque no dio detalles sobre los montos de los adeudos ni las entidades involucradas, señaló que antes de concretar las acciones para la federalización de los servicios –revertir la descentralización– se tienen que resolver los problemas. Las contrataciones precarias de personal médico y de enfermería, por honorarios o eventuales, es otro de los retos, sobre todo porque hay irregularidades adicionales. Explicó que se ha encontrado empleados registrados en la nómina de algún hospital y que éstos en realidad laboran en otro lugar.

También hay contratos de personal administrativo en plazas del área médica, por lo que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido la regularización de los puestos de trabajo, sólo se podrá aplicar para el área médica.

Además, se han identificado 87 mil plazas con contratos por honorarios, sin prestaciones y en ocasiones con un salario menor al que perciben los trabajadores de base y donde están incluidos los asuntos conflictivos citados y otros.

Respecto a la suspensión de los contratos de personal médico que generó deficiencias en la prestación de servicios de salud, aseguró que ya se ha empezado a resolver en algunos hospitales.

Alcocer Varela encabezó ayer la presentación del informe de la Comisión EAT-Lancet , sobre alimentos, planeta y salud: Nuestros alimentos en el Antropoceno, dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles. En entrevista, comentó que seis de las ocho entidades del sur-sureste que forman parte de la primera etapa del plan de salud, ya firmaron los acuerdos para que la Secretaría de Salud federal asuma el control y uso de los recursos económicos, humanos y de infraestructura.

Pero “la implementación se tiene que analizar y discutir “ con estos y otros temas.

Sobre la infraestructura, indicó que además de los más de 200 centros de salud y hospitales inconclusos por razones diversas, hay casos de inmuebles que se construyeron en alguna asociación civil, luego se abandonaron y no es posible determinar responsabilidades, si hay competencia federal o estatal.

En algunas entidades ocurre que sus unidades médicas tienen el equipamiento necesario, pero carecen del personal médico para operarlo. Cada una presenta situaciones diferentes y se deben analizar y resolver por separado. Por esa razón, no es posible dar un informe global, aclaró.

Alcocer Varela también refirió que además de las ocho entidades que están en la primera etapa del plan para proporcionar servicios y medicamentos gratuitos a la población sin seguridad social, ha habido avances con entidades de otras regiones, en particular para concretar las acciones de los ejes de trabajo propuestos por la administración federal.