n meses y semanas recientes diversas firmas de consultoría financiera como Moody’s, Fitch Ratings y Standard &Poor’s han venido reduciendo sus respectivas calificaciones a las deudas de México y en particular a la de Petróleos Mexicanos (Pemex). Ayer la tercera de esas empresas revisó a la baja la perspectiva de la paraestatal petrolera, como ya lo habían hecho varias de sus similares. El argumento repetido en todos los casos es que el plan gubernamental de rescate de Pemex es contrario a las políticas de privatización del sector energético que estuvieron vigentes hasta el 30 de noviembre del año pasado. Asimismo, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y la suspensión de rondas y licitaciones en la empresa petrolera y en la Comisión Federal de Electricidad han sido recibidas con escándalo por las calificadoras, las cuales amenazan con rebajar aún más sus pronósticos de crecimiento para la nación y con degradar de manera adicional sus índices de riesgo para la deuda de todo el país. Por la noche, se dio a conocer que Standard & Poor’s materializó este amago al extender su diagnóstico adverso a América Móvil, Coca Cola Femsa y Liverpool, así como a 77 instituciones del sector financiero.
Desde luego, las bajas de calificación y las amenazas de medidas similares adicionales deben ser tomadas en serio porque inducen un encarecimiento de los créditos para México en los mercados financieros internacionales y porque pueden introducir factores de desestabilización en la economía interna. No puede desconocerse que los veredictos emitidos por estas firmas financieras pueden convertirse en profecías autocumplidas. Sin embargo, por lo que hace a Pemex, la acción común de las calificadoras va en contra de la realidad: es absurdo que tales despachos de consultoría dieran excelentes notas a una empresa que estaba siendo desmantelada en el contexto de la reforma energética y que ahora, cuando el nuevo gobierno se empeña en sanearla, fortalecer sus finanzas y limpiarla de prácticas corruptas devastadoras como el robo masivo de combustibles, consideren que crecen los riesgos para sus acreedores.
Además, al encarecer el financiamiento de grandes empresas de diferentes ramos, incluido el sector financiero, la última de las agencias citadas pareciera apuntar a desestabilizar la de suyo frágil relación entre el gobierno federal y los grandes capitales nacionales, con la finalidad de a crear una fractura artificial entre los sectores público y privado. Así, tras la fachada tecnocrática y supuestamente objetiva de los oráculos financieros, se esconde un mero mecanismo de chantaje y una de las muchas maneras en las que los capitales trasnacionales han uncido a naciones soberanas a la globalización neoliberal.
El enorme poder que estas firmas ejercen en la economía mundial es alarmante, peligroso y potencialmente catastrófico. Ya en 2010 una investigación del Congreso estadunidense demostró que los analistas de Moody’s habían sido presionados por sus jefes para otorgar altas calificaciones a deudas que no las merecían, hecho que incidió en la gestación de la crisis financiera que se desató en Estados Unidos en 2008.
Ese solo episodio habría debido llevar a una severa regulación internacional de estos despachos –una instancia de calificación de las calificadoras, por así decirlo– que, sin embargo, siguen operando a sus anchas y son factores ominosos para la estabilidad de la economía mundial. En el caso de México, cabe esperar que sus malos agüeros se vean desmentidos por el éxito de la estrategia energética gubernamental, y que fracase el intento de crear una confrontación gobierno-empresariado que desquicie los esfuerzos de cohesión social emprendidos por las autoridades actuales.
