La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que se trabaja en crear una ley de consulta previa, libre e informada, de buena fe y culturalmente adecuada con el fin de generar este derecho. Dijo que se busca construir una nueva relación entre sociedad y Estado basada en la dignidad de los pueblos indígenas.

Este proceso se realiza con la Comisión de Pueblos Indígenas, adscrita a Gobernación, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), informó durante la primera sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno de este organismo. Sánchez Cordero admitió que aún hay grandes desafíos ante estos pueblos y dijo que se reconoce que la vulneración de algunos derechos indígenas es una realidad ante la que no cerramos los ojos y no podemos dejar de escuchar.

Aseveró que está entre los retos lograr una armonización legislativa, que consideró urgente, y que se requiere crear leyes secundarias para garantizar la fiel aplicación del mandato constitucional, así como continuar con la ejecución de políticas públicas transversales que logren desde sus propios planteamientos el desarrollo con bienestar integral en los pueblos.

Recordó que el país está conformado por 68 pueblos indígenas con más de 25 millones de mexicanos. El Estado es uno de los principales impulsores de la aplicación de instrumentos internacionales además de nacionales en favor de éstos. Mencionó que se concretaron reformas constitucionales desde 2001 en materia de derechos indígenas y en 2011 sobre derechos humanos.

En su intervención, apuntó que es necesario que en las políticas se incluyan a los pueblos indígenas y afromexicanos, invisibilizados por muchos años. Ahora “los asuntos indígenas, como prioridad nacional se reposicionan en esta administración, con la modificación del sistema jurídico que crea el INPI, hay un nuevo proceso institucional que busca aceptar a estos pueblos como sujetos de derechos. No sólo su reconocimiento como pueblos, sino de sus sistemas normativos.

El INPI propone una reforma al artículo segundo constitucional en la que se busca que se reconozca a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, lo cual es fundamental, y el artículo 115 constitucional debe reformarse para reconocer las formas específicas de gobierno y nombramientos de autoridades en municipios indígenas, explicó el director del instituto, Adelfo Regino. También se tendrán que reformar otros artículos para garantizar el respeto a la consulta, el derecho al patrimonio cultural, material e inmaterial por la apropiación indebida de los diseños por parte de empresas.

Anunció que el próximo fin de semana comenzará el diálogo y consulta sobre el Plan Nacional de Desarrollo y habrá 25 foros de consulta indígena en el país para tomar en cuenta sus propuestas.