El gobierno federal y los estados no aclararon el destino de 103 mil 377 millones de pesos de la cuenta pública 2016, los cuales se buscará recuperar, informaron ayer las comisiones de Presupuesto y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La falla más recurrente fue el uso del presupuesto en rubros no autorizados, incumplimiento de la política del gasto y de los objetivos de programas federales, así como en los ramos generales 23 y 33.

Por eso, no hubo elementos para aprobar la cuenta de ese año, explicó en conferencia de prensa Mario Rodríguez Carrillo, del partidos Movimiento Ciudadano, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Ante ese panorama y por acuerdo del pleno, ambas comisiones integraron un grupo de trabajo para proponer mecanismos de rendición de cuentas y combate a la corrupción, de manera conjunta con la ASF y, en consecuencia, el reintegro de ese recurso.

La Comisión de Vigilancia definió que el objetivo del grupo será llegar hasta las últimas consecuencias, revisar la información, el estatus de las observaciones (de la ASF) y darle seguimiento a las acciones... si hay responsables de corrupción, ejercer acciones legales en su contra.

Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena, presidente de la Comisión de Presupuesto, indicó que la decisión parte de que no tenía sentido conocer sobre las irregularidades en los reportes de la ASF, y después no pase prácticamente nada.

Refirió que se busca que no sólo se solventen las observaciones, sino recuperar los fondos y, al mismo tiempo, que los funcionarios encaren procesos penales. “Esta es una muestra de que no habrá ni perdón ni olvido, quien la haya hecho la tendrá que pagar“.

Ramírez Cuéllar indicó que cuando la Cámara de Diputados rechazó la cuenta pública de 2016 –el cuarto año de gobierno de Enrique Peña Nieto– no sólo se ejerció una condena política legislativa al manejo económico del ex presidente, sino también se dio un mensaje de procurar que se cas-tiguen los actos de corrupción.

El desvío de cualquier peso es delito y como tal debe ser castigado sin ningún miramiento. No habrá impunidad, afirmó.

Agregó que así se encuentran fraudes como la triangulación de recursos a empresas fantasma a través de universidades públicas desde la Secretaría de Desarrollo Social; anomalías en Agricultura y Comunicaciones y Transportes, Petróleos Mexicanos, así como en los gobiernos del estado de México, Chiapas, Coahuila y Morelos e incluso en la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios.