Las deficiencias en la cobertura del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento ocasionan que 41.8 por ciento del caudal de aguas residuales no se limpie, indica la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la evaluación de esa política pública realizada entre 2012 y 2018, y advierte que si esto no se corrige se incrementarán los conflictos sociales por el abasto del líquido y quienes carecen del servicio gastarán más para contar con ella.

En la tercera entrega de la cuenta pública 2017, la ASF hizo este análisis a partir de 2012, porque ese año se estableció en la Constitución el derecho humano al agua. Con base en los hallazgos de la evaluación, determinó que existen avances en la cobertura del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, pero también enlistó deficiencias.

Entre las fallas refiere que comienzan desde los instrumentos que regulan la política, la falta de un instrumento normativo sólido e incluyente que sea aplicable a nivel nacional y que establezca la participación y responsabilidad de los actores involucrados y de la ciudadanía, hasta el hecho de que en la cobertura del servicio se requieren mecanismos de control y supervisión que permitan el eficaz cumplimiento de los objetivos.

El texto indica que también se requiere controlar los mecanismos de financiamiento y de las capacidades técnicas, administrativas y financieras de los organismos operadores. Agrega que hay debilidades en la gestión del servicio de agua potable, en particular la captación de los recursos hídricos y su posterior administración, en los mecanismos y la cobertura de potabilización y almacenamiento del agua extraída, al igual que en la ampliación de la infraestructura de la red pública que afecta el abasto, temporalidad y calidad del líquido distribuido.

El análisis indica que el conjunto de estas debilidades impidió al Estado estructurar una política coherente y coordinada que garantizara el derecho de la población al abastecimiento de agua potable en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Advierte que de no corregirse estas deficiencias que impiden garantizar el derecho constitucional de la población a contar con agua potable y al saneamiento, se limitará la superación de la pobreza en las localidades que carecen de dichos servicios y serán más propensa a contraer enfermedades infecciosas y parasitarias. También crecerán los conflictos sociales por el líquido y la población sin servicio verá afectada su economía al hacer gastos extraordinarios para abastecerse por otros medios.

De la misma manera está el riesgo de que se eleve el grado de explotación y contaminación de los recursos hídricos, lo que afectaría la disponibilidad de agua en cantidad y calidad, con una amenaza de disminuir las reservas de este recurso para las futuras generaciones.

La ASF concluye que el diseño de la política de agua potable no es consistente ni pertinente para atender de forma integral la problemática y garantizar que el líquido esté disponible en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible para toda la población.