La Organización de las Naciones Unidas y especialistas en derechos humanos señalaron que aprobar en sus términos actuales la creación de la Guardia Nacional violenta la convencionalidad internacional que el Estado mexicano está obligado a cumplir, pues elevaría a rango constitucional la militarización de la seguridad pública.

Durante el primer día de debates del parlamento abierto sobre la minuta en torno a esa corporación, organizado por el Senado de la República y que concluirá el viernes, los expertos exigieron a los legisladores modificar las contradicciones que contiene el documento para garantizar que este cuerpo de seguridad tenga un carácter meramente civil y así eliminar el aspecto militar.

Advirtieron que si se avala la minuta –aprobada por los diputados y que ahora se discute en el Senado– con su actual contenido podría generar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ubique a México en falta ante el orden jurídico internacional.

El representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, afirmó que el proyecto no pasa la prueba de convencionalidad, ya que la normalidad en un Estado democrático de derecho es enfrentar la delincuencia a través del fortalecimiento de las corporaciones civiles y del sistema de procuración de justicia.

Bajo ese principio resulta incomprensible que en México se discuta una propuesta que prácticamente renuncia a fortalecer la institucionalidad civil de seguridad (procuradurías y policías), y aspira a desaparecer la principal corporación existente (la Policía Federal). Por el contrario, plantea crear una corporación con características militares y, además, constitucionalizar la participación castrense en esas tareas.

Hizo seis propuestas: eliminar los componentes castrenses en el diseño de la Guardia Nacional y no devaluar su definición civil; sujetarla a estrictos controles democráticos del orden civil; si se incluye el papel de las fuerzas armadas en estas labores debe ser transitorio y sujetarse a un plazo perentorio y ser acorde con los estándares internacionales.

Además, se deberán fortalecer las corporaciones civiles, cerrar la puerta a la licencia constitucional para privar de la libertad a civiles en instalaciones militares –la minuta incluye ese tipo de aprehensiones–, y no ensanchar los alcances de la jurisdicción militar, la cual debe ser excepcional, restringida y extraordinaria.

El ex presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, Santiago Corcuera, y el director del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Sergio López Ayllón, coincidieron en que el contenido es contradictorio, pues asienta que la Guardia Nacional es un órgano de carácter meramente civil, pero por otro lado afirma que tendrá mando y conformación civil y castrense, por lo que pidieron rechazarla.

Ambos señalaron que si el contenido constitucional no se ajusta al orden jurídico internacional, el asunto podría llegar a la CIDH, la cual declararía la inconvencionalidad del mando militar de la Guardia Nacional, pues esa instancia se ha manifestado sobre los riesgos que implican los militares en tareas de seguridad pública.

En la audiencia estuvieron los coordinadores del PRI, el PRD y MC, así como senadores de Morena y del PAN.