Para atender las posturas de organizaciones ciudadanas y las de defensa de derechos humanos, la Cámara de Diputados analiza modificar el artículo 16 de la Constitución, y no el 19, en materia de prisión preventiva oficiosa, con el fin de cambiar ese término por el de prisión preventiva justificada, afirmó el coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado.

Aclaró que esa alternativa se presentará a consideración del Ejecutivo para determinar si es viable, porque implicaría cambiar el mecanismo de prisión automática por una decisión del juez de aplicar o no esa medida cautelar y, por lo tanto, se devolvería la minuta al Senado para ser revisada.

El legislador informó que mañana se reunirán las juntas de coordinación política de las dos cámaras del Congreso de la Unión para determinar si existe un consenso y de esta manera el jueves se apruebe el dictamen de reforma al artículo 19 constitucional en el pleno de la Cámara de Diputados.

Agregó que durante las audiencias públicas sobre la reforma constitucional, organismos defensores de derechos humanos y otros de la sociedad civil presentaron una tercera vía distinta al interés presidencial de aplicar la prisión preventiva oficiosa en delitos de robo de combustible y corrupción, así como el uso de programas sociales con fines electorales.

De esta manera, en lugar de modificar el artículo 19 se reformaría el 16 para darle atribuciones al Ministerio Público de presentar al acusado –en el caso de alguno de los delitos que ameriten prisión preventiva que prevé dicho texto– ante el juez y éste determine cárcel preventiva justificada.

La ventaja de este mecanismo es que la decisión de la prisión justificada, a cargo de un juez, se dé en otras condiciones, con la garantía de la presentación (del detenido). La estamos revisando, pero no tenemos ningún consenso, declaró Delgado.

Según el legislador, prevalecen dos posibilidades para desahogar la minuta del Senado: votar sólo los tres delitos que le interesan al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esto es, robo de combustible, delitos electorales y corrupción, o bien se vota sin cambios el documento de los senadores.

Indicó que se debe buscar el equilibrio con objeto de mejorar la eficacia en la persecución de los delitos, pero sin caer en un tema considerado por las organizaciones civiles como riesgoso para la presunción de inocencia.

Por lo pronto, indicó que la posición de Morena es que los delitos de corrupción, uso ilegal de programas sociales y robo de combustible deben tener una sanción indudable, lo pide la sociedad.