La autonomía universitaria ha provisto al país de libertad de pensamiento e innovación, defendió Jaime Valls, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).

Valls alertó, además, que la inclusión en la reforma educativa del concepto de gratuidad en esos centros de enseñanza provocaría un quebranto global de 13 mil millones de pesos por año en los menguados presupuestos que reciben.

En la tercera jornada de audiencias públicas sobre la reforma educativa en el palacio legislativo de San Lázaro, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, se refirió a la omisión en torno a la autonomía de las universidades públicas: Saludo que gracias a nuestra equivocación estemos, otra vez, debatiendo la autonomía; es una cosa muy importante volverla a encontrar entre nosotros y poderla debatir y recuperar.

El funcionario señaló que la educación superior en México “es todo, menos integral. Existen tres subsistemas que no están integrados, y efectivamente en ellos –y me adelanto– el tema de los normalistas. El tema del magisterio es central; es el sujeto, podríamos decirlo así, que está llamado en este artículo tercero a generar esta integralidad en la educación superior.

El tema de la universalidad y de cómo hoy, para que sea un derecho la educación, tiene que ser universal o no lo es. Ese derecho humano, social, o abarca al conjunto del sistema educativo o no lo es.

Concheiro sostuvo que cuando se menciona a los niños y jóvenes y se habla del magisterio como agente primordial de la transformación se refiere a un artículo tercero asentado en los sujetos del derecho, no objetos del mismo. Que sea así en términos de la teoría del derecho constitucional conforma con muchos otros artículos una Constitución que pasa a ser inspirada en el derecho positivo, en el deber ser, en una Constitución que básicamente se plantea constituyente, esto es, basada en las prácticas sociales y, en ellas, la construcción de sus propias transformaciones.

Valls propuso la inclusión de la obligatoriedad y gratuidad en el rango de la autonomía, pues ambos compromisos consideran la selección e ingreso de los aspirantes, la fijación de cupos en función de sus capacidades instaladas y las cuotas por los servicios que prestan.

La dimensión del crecimiento del sistema de educación superior para alcanzar la universalización exigirá de un esfuerzo inédito del Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno y de todos los actores educativos implicados. Esfuerzo no sólo en materia presupuestaria, sino para el acuerdo de políticas y programas con visión de largo plazo que hagan efectivo el derecho a la educación. Agregó que las universidades públicas cobran cuotas a los estudiantes en un rango muy amplio, que incluso pueden significar hasta 30 por ciento de su presupuesto, y esos recursos se destinan íntegramente a los servicios educativos.

Leonardo German Gandarilla, presidente de la Asociación Nacional de Universidades Politécnicas, también reclamó que si se pretende incrementar la matrícula en educación superior e impulsar programas de enseñanza novedosos y vinculados con las grandes necesidades sociales y económicas del país, “las universidades politécnicas, al igual que las tecnológicas, deberían ser prioridad y ser consideradas así, pero también ser tratadas con equidad desde la presupuestación.

No es posible que estas universidades, con 9 mil 200 pesos promedio por alumno, nos comprometamos y tengamos los resultados que tenemos planteados en la planeación que hacemos año con año por gestión educativa.