Para garantizar la educación superior gratuita es necesario invertir, se necesita coherencia del gobierno federal, reclamó Imanol Ordorika, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Al participar en la tercera ronda del parlamento abierto sobre la reforma educativa, indicó: No es posible que la Secretaría de Hacienda plantee un proyecto de nación que no corresponde con el del gobierno entero. No puede ser que esta Cámara de Diputados y la de senadores voten por gratuidad y obligatoriedad y nos corten los presupuestos como quisieron hacer. Vengan de donde vengan, si son del ITAM y ahora son del Colmex, ¡son los mismos argumentos neoliberales!

El especialista en educación superior alertó que en la propuesta presidencial persiste el concepto de excelencia que marcó la naturaleza de la reforma de Enrique Peña Nieto y, en consecuencia, el rechazo del magisterio disidente: Excelencia es una palabra que sustituye el proceso educativo por el evaluativo e incluye los mecanismos del mercado en la educación.

En el Salón Verde del palacio legislativo de San Lázaro reprochó a Gilberto Guevara Niebla: También hemos visto a intensos voceros y defensores de la reforma de Peña Nieto ahora trastocados en acérrimos críticos que llegan hasta la subsecretaría de Educación Básica para echar abajo lo que ellos mismos construyeron: ¡ahí están!

En torno a la gratuidad de la universidad pública y la obligatoriedad de la educación superior, señaló que algunos rectores de instituciones públicas dicen que, por ser autónomos no tienen por qué ser obligatorios, “y por eso voy a entregar un documento escrito que diga con toda claridad que ‘el Estado mexicano imparte educación superior y ésta incluye las instituciones a las que la ley otorga autonomía y están obligadas a ser gratuitas y a participar en un proyecto de educación obligatoria’”.

El profesor universitario documentó por escrito y con amplitud la realidad de las instituciones de educación superior, y aseguró que en el caso de la gratuidad hacen falta 13 o 14 mil millones de pesos al año. Urzúa: se los estamos exigiendo desde esta tribuna, alzó la voz.

La obligatoriedad cuesta

Añadió que la obligatoriedad significa que el Estado se obliga a sí mismo a dar educación a los ciudadanos que quieran estudiar educación superior tras haber cumplido el ciclo anterior, y eso también cuesta. Para pasar de 38 por ciento a 50 por ciento en el fin del sexenio necesitamos entre 7 y 10 mil millones de pesos al año para meter 170 mil estudiantes más. Es una labor titánica.

Sobre la excelencia, manifestó e hizo sostener la atención de los asistentes al encuentro: “Nos vienen a llamar ahora con la excelencia. En 1986-1987 nos fuimos a la huelga en la UNAM contra ella. La Secretaría de Educación Pública y el rector Jorge Carpizo trajeron la excelencia, la sacaron del sistema productivo de Toyota: se llama total quality management, es un término vinculado a la productividad, a la medición, a la producción, no tiene cabida en la educación. Excelencia es una palabra que sustituye el proceso educativo por el proceso evaluativo; es una palabra que incluye los mecanismos del mercado en la educación.

“No puede ser que el proyecto educativo de un gobierno que se reclama como popular quiera ponerle al artículo tercero de la Constitución la palabra excelencia, ni siquiera la de calidad.

“Hemos visto rectores conservadores y hemos oído a la educación superior privada: ‘Hay muchos ingenieros, abogados y médicos. ¿Qué no deberían planificar esto? Porque si se nos va a llenar de gentuza que se va a poner estudiar medicina y derecho... ¡regulen eso!’ ¡Nos dijeron eso! Aquí está el representante de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (Fimpes).

No puede ser, porque bajo ese discurso siempre está escondido un argumento de clase: los hijos de los ricos escogen siempre lo que quieren estudiar; los hijos de los pobres, que se regulen por la necesidad del mercado. Esto es inaceptable.