Manifestaciones y protestas diversas se realizan en hospitales federales e institutos nacionales de salud debido a la suspensión de pagos extraordinarios que recibían los trabajadores, entre otros, por horas extras, guardias y suplencias.

En diversos centros, las contrataciones para suplencias representan hasta 30 por ciento de las plazas, comentaron empleados y resaltaron que, a pesar de que los servicios a los pacientes se han visto afectados, hasta ahora la única respuesta que dan los directivos es: lo estamos viendo.

En el Hospital Infantil de México Federico Gómez la protesta se hizo manifiesta con varias mantas que se colocaron en el interior del inmueble. Una de ellas, en la fachada del edificio Mundet, donde se lee que los trabajadores lamentan las deficiencias que existen en la atención de sus pacientes derivada del recorte de personal e insumos.

Otra más, en el edificio de la entrada principal, se dirige al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien solicitan dotar de personal e insumos al nosocomio, así como respetar los derechos establecidos en las Condiciones Generales de Trabajo; en otra manta, en el acceso al estacionamiento, plantea al mandatario: no permita que la calidad y la atención médica de la población infantil más desprotegida del país se vea mermada por la falta de gente en la plantilla laboral y material.

Además de la salida de personal contratado por honorarios, en este nosocomio se denuncian deficiencias desde hace meses, las cuales persisten, como que de cinco elevadores sólo funciona uno y la carencia de insumos como papel higiénico en los baños (La Jornada 12/12/18).

Otros motivos de queja son la suspensión de pagos de horas extras que controla la dirigencia de la sección 84 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud y que, la mayoría de las veces, se asignan de manera discrecional, afirmaron trabajadores que solicitaron mantener su identidad bajo reserva.

Piden realizar una auditoría a la administración del hospital y a la participación del sindicato en el manejo de plazas y contrataciones.

En el Instituto Nacional de Pediatría, la Asociación Médica envió una carta al secretario de Salud, Jorge Alcocer, el pasado 28 de enero, en la que le solicitan evitar la salida de 40 médicos con contratos de suplencias que dejarían de laborar por la austeridad en los programas de gobierno.

Los especialistas destacan que estos galenos han laborado en esas condiciones durante 10 o más años; su trabajo representa entre 30 y 40 por ciento de las actividades del instituto. Señalan que su ausencia provocaría una disminución en el número de cirugías, consultas y servicios de atención domiciliaria.

Por otra parte, padres de familia de los niños usuarios de los servicios del Centro Integral de Salud Mental (Cisame) acudieron este jueves a Palacio Nacional, con la intención de que el Presidente conozca la afectación que tendrán si dejan de recibir la atención médica sobre los trastornos mentales que padecen sus hijos.

Ahí estaban manifestándose cuando salió Alcocer Varela, quien, a petición de la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, Virginia González Torres, comentó: la salud mental de los pacientes se tiene que resolver y en conjunto lo vamos a ver.

El funcionario dijo que ayer por la tarde se reuniría con el titular de la Dirección de Administración, enlace con la Secretaría de Hacienda, a quien corresponde dar la solución al problema financiero del Cisame.