l presidente de España, Pedro Sánchez, enfrenta un linchamiento político y mediático que el martes pasado escaló a niveles insospechados después de que su gobierno aceptó la figura de un relator en la mesa de diálogo entre partidos establecida con las formaciones independentistas catalanas para tratar el futuro político de Cataluña. En distintos tonos, los líderes de las tres formaciones nacionales de derecha –Pablo Casado, del Partido Popular; Albert Rivera, de Ciudadanos, y Santiago Abascal, de Vox– denunciaron el acto con demostraciones de paroxismo españolista, y convocaron a una manifestación para echar a Pedro Sánchez de La Moncloa.

Lo novedoso en esta embestida es que en ella no sólo participan los dirigentes y voceros opositores, lo cual podría resultar hasta propio de su función, sino también cabezas muy visibles del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del mismo Sánchez, quienes han realizado declaraciones tan irresponsables como la del gobernante de la comunidad de Aragón, Javier Lambán, quien censuró al líder nacional de su partido y caracterizó al independentismo como cáncer de la democracia con el que hay que acabar. Asimismo, la prensa ha recogido expresiones anónimas atribuidas a legisladores y dirigentes que se han sumado al clamor contra Sánchez.

La reacción de las derechas al puente tendido con las formaciones catalanas constituye una muestra de hipocresía por cuanto fue su propia negativa a dar cauce a los presupuestos generales del Estado para este año –trámite indispensable para la continuidad del gobierno del PSOE– lo que empujó al mandatario a buscar el apoyo catalán. A la vez, resulta insólito que se empleen epítetos como los que han corrido –okupa en La Moncloa, el mayor traidor, felón, irresponsable, chovinista, cómplice del golpe al Estado, desleal y ególatra están entre los lanzados por el líder del PP– contra quien busca abrir vías democráticas a un conflicto que no admite otra alternativa: el marco constitucional español (en cuya bandera se arropan propios y extraños para atacar a Sánchez) impide cualquier debate que incluya la autodeterminación, por lo cual, lejos de ofrecer una posible salida, se ha convertido en una camisa de fuerza que exacerba las diferencias entre Barcelona y Madrid. Tras años de empantanamiento político y social, queda claro que la única solución duradera pasa por una reforma constitucional, medida imposible por la correlación de fuerzas en el escenario español actual.

En dicho contexto, es inaudito y lamentable que el partido histórico de la izquierda española se sincronice con las derechas para linchar a un integrante de sus propias filas, un fenómeno quizá motivado por cálculos políticos de cara a las elecciones municipales y autonómicas que se efectuarán en tres meses, que evidencian la deriva ideológica del PSOE, así como las disputas por el poder y las rupturas entre sus facciones.

El hecho es que un fracaso en la aprobación del presupuesto obligaría a Pedro Sánchez a convocar a elecciones parlamentarias anticipadas, marcadas por el fantasma de la crisis terminal del PSOE: éste llegaría a las urnas carcomido por conflictos intestinos, con una sublevación de los barones feudales contra el dirigente nacional, arrastrando una imparable sangría de votos que en diciembre culminó con la pérdida de su plaza fuerte, Andalucía, y en medio del auge de la nueva derecha de Ciudadanos y de la ultraderecha de Vox.