El representante en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, definió ayer que más que discutir la extensión de la prisión preventiva oficiosa, el Congreso de la Unión debería plantear su eliminación.

Nuestra oficina no propone derogar la prisión preventiva justificada ni dejar a todas las personas imputadas libres. Lo que se discute es la prisión preventiva oficiosa automática, obligatoria, que supone una privación de algunas garantías procesales básicas, explicó.

Durante su participación en las audiencias sobre la reforma en la materia al artículo 19 constitucional, realizadas ayer en la Cámara de Diputados, Jan Jarab planteó que antes de ampliar el catálogo de delitos que ameritan esa medida cautelar, el Congreso estipule en la Constitución la figura de perito oficioso de prisión preventiva.

Además, incluir un listado de delitos en los que el Ministerio Público tenga la obligación de solicitar la prisión preventiva, y que sea oficioso el perito, no la resolución, y éste persevere el control judicial para decretar la pertinencia de la medida, respetando así su naturaleza cautelar.

Asimismo, que se garantice al Poder Judicial la autoridad de decidir sobre la validez de la privación de la libertad de una persona, añadió.

El representante de la ONU insistió en que la prisión preventiva oficiosa es una violación a los derechos humanos y el Congreso debería dar pasos decididos en dirección opuesta. Los cambios constitucionales aprobados por el Senado y que ahora revisan los diputados reflejan una filosofía de mano dura sorprendente.

Expresó que dicha figura legal, incluida en la Constitución con la reforma de 2008 se puede ver como un socavón, por lo que es difícil entender por qué se pretende ampliar aún más, porque es un hoyo que menoscaba el estado democrático de derecho eh México.