La revisión de archivos como el del caso Ayotzinapa y los desvíos de recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no impactarán en los expedientes que se encuentran en curso ante juzgados, pero la judicialización de nuevas investigaciones se realizará con más detalle con la finalidad de evitar descalabros para el Ministerio Público de la Federación, señalaron funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades entrevistadas señalaron que hay mecanismos financieros que deben afinarse para evitar que responsables de desvíos de recursos y lavado de dinero puedan solicitar que se declaren inválidos por haberse obtenido antes de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, como es el caso de José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda.

En la FGR se inició un proceso de revisión en diciembre pasado, que se mantuvo en un perfil bajo para que se impulsara o se redefiniera a partir de que el Senado designara al nuevo fiscal. Una vez que se confirmó que Alejandro Gertz Manero seguirá al frente, se han impulsado los análisis de cada uno de los expedientes considerados trascendentes, explicaron los entrevistados.

La continuidad en el equipo de fiscales y subprocuradores ha permitido conocer detalles que en anteriores administraciones colocaron algunos expedientes al borde del envío a la reserva, entre ellos mencionaron al menos seis investigaciones relacionadas con los desvíos de recursos que se realizaron desde la Sedesol a universidades públicas, que fueron denunciados por la Auditoría Superior de la Federación, pero que tuvieron avances.

Señalaron que no todo se ha concentrado en los expedientes que la FGR abrió públicamente, porque hay indagatorias que están analizando para que se consignen con el propósito de esclarecer la participación de funcionarios públicos del estado de Guerrero que no atendieron todas las líneas de investigación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y que a través de los listados de llamadas telefónicas y la intercepción de mensajes entre integrantes del cártel Guerreros Unidos en México y Chicago, pudieran servir para esclarecer la participación de los líderes del grupo criminal en todo lo sucedido en Iguala.