Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que México se ha convertido en una enorme fosa clandestina, en 2019 su gobierno propuso aumentos presupuestales sólo para algunos organismos de investigación forense y criminalística, mientras para otros sólo habría alzas marginales e incluso descensos.

De acuerdo con un análisis hecho por este diario con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 y las cuentas públicas de 2013 a 2017 (la de 2018 aún no está disponible), los recursos otorgados a tres de las direcciones generales de la extinta Procuraduría General de la República –hoy fiscalía (FGR)– que se encargan de temas forenses presentan una evolución desigual.

Para el año en curso, la Dirección General de Especialidades Médico Forenses recibiría 8 millones 628 mil 167 pesos, cuando el promedio de lo que le otorgó el gobierno anterior fue de 8 millones 797 mil 186.

Por su parte, la Dirección General de Ingenierías Forenses tendría un fondo de 8 millones 981 mil 347 pesos, cuando en los primeros cinco años del sexenio pasado obtuvo en promedio 9 millones 582 mil 43.

En lo que se refiere a la Dirección General de Laboratorios Criminalísticos, en el PEF 2019 se propuso asignarle 92 millones 778 mil 672 pesos, un incremento de 15.3 por ciento con respecto al promedio del gobierno anterior.

Dichos montos podrían cambiar en el contexto de las adecuaciones presupuestarias que realiza la Secretaría de Hacienda en prácticamente todas las dependencias de gobierno, pero en el caso de las tres direcciones analizadas, sus movimientos casi siempre han sido a la baja en relación con lo que ya le había otorgado el Legislativo.

Un ejemplo de ello es la de Laboratorios Criminalísticos, que en 2017 dispuso de 41 millones 489 mil 698 pesos, 66 por ciento menos de los 123 millones 477 mil 947 que le habían sido aprobados en el PEF.

Esa misma unidad de la FGR ya había sido castigada en 2016, cuando recibió 43.8 por ciento menos en las adecuaciones presupuestarias; en 2014 le recortaron 39.1.

Según los familiares de víctimas de desaparición, las capacidades del gobierno mexicano en materia forense han sido rebasadas por los índices de violencia, lo cual hace que miles de cuerpos sean enterrados o cremados sin identificar ni determinar la causa de la muerte.