Durante más de 10 años, el Centro Integral de Salud Mental (Cisame) ha brindado atención médica gratuita a niños y adultos con trastornos del sistema nervioso central como autismo, déficit de atención y depresión, entre otros. El servicio incluye exámenes de laboratorio, estudios de imagen y un almuerzo para los pacientes que son gente del pueblo, pero su continuidad está en riesgo por la decisión de la Secretaría de Salud (Ssa) de recortar su presupuesto de operación.

Es de los pocos centros de salud mental que hay en el país con servicios de primer contacto para familias de bajos ingresos. A diario, el Cisame otorga 500 consultas y desde temprano los papás llegan con sus hijos a formarse.

El recorte es por 10.5 millones de pesos asignados al Consejo Nacional de Salud Mental, del que depende el Cisame, explicó Virginia González Torres, secretaria técnica del organismo. Se enteró de que ya no contará con recursos económicos por una llamada telefónica del área de administración de la Ssa con su contraparte en el Cisame.

No hay ninguna notificación oficial, salvo lo informado de manera verbal de que no se recibirá ningún documento presupuestal del consejo. Se refiere a los comprobantes de gastos por realizar y que la Ssa se encarga de pagar.

Es decir, facturas que comprueban la compra del material para los estudios de imagen (encefalogramas) y pruebas de laboratorio. El presupuesto del Cisame también se utiliza para cubrir el costo del mantenimiento del edificio y el elevador, las actividades de fumigación, y material didáctico.

Sin dinero, no se podrán convocar las licitaciones para la contratación de servicios de limpieza, vigilancia y la compra de los uniformes de los trabajadores.

González Torres comentó que desde el pasado viernes intentó en reiteradas ocasiones comunicarse con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Ninguno le tomó la llamada y, ya en la noche, una secretaria le dijo que Alcocer está consciente de que lo está buscando, pero está muy ocupado.

Ese mismo día, los padres de familia empezaron a organizarse para exigir la continuación de la atención médica de sus hijos. Protestaron en la vía pública y preparan demandas de amparo por violación de su derecho a la protección de la salud. El Cisame es para algunos la única opción que tienen de atender los trastornos mentales de sus hijos.

En relación con el recorte, González Torres comentó que de por sí se le asignaron 4.4 millones de pesos menos al consejo. Más de 3 millones aplicarán al pago de salarios y el resto a subsidios que, en 2019, son de casi 12 millones de pesos. Estos últimos son los recursos que se destinan al apoyo de servicios en hospitales siquiátricos del país, que, entre otros gastos, incluyen ropa de pacientes, talleres y terapias.