Si bien eran necesarias medidas para recortar una administración pública obesa y caracterizada por la corrupción, la percepción es que no se hizo de manera seria, sino sólo con el fin de liberar gasto para cumplir con las promesas del Presidente, por lo que saldría más caro el caldo que las albóndigas, expuso Enrique Díaz Infante, especialista en el sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

En opinión de Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, el gobierno debió ser más cuidadoso en la revisión del personal que labora en dependencias antes de levantar el estandarte de la austeridad.

Las medidas que también afectan a los organismos autónomos implican el riesgo de sacrificar personal experimentado que venía siendo muy útil para las partes más eficaces de la administración pública, indicó.

La advertencia de un recorte en la burocracia la hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el periodo de campañas, y prometió que ningún funcionario público ganaría más que él. Una vez que asumió, los primeros despidos masivos se dieron en el Servicio de Administración Tributaria. Las salidas voluntarias, como parte del recorte salarial, tuvieron su caso más sonado en el Banco de México, desde que el Congreso aprobó la Ley de Remuneraciones para los Servidores Públicos.

“Esto tiene un primer impacto en la política de ingresos y en la política monetaria (…) Pudo haber un mejor diseño de esta reducción. Pareciera que esto está operando de manera desordenada”, manifestó Díaz Infante.

En ese contexto, los despidos, sumados a las salidas voluntarias, resultarán en dificultades para ejercer el gasto y recaudar en el primer tramo del gobierno, aseveró.

A ello se suma que el tope salarial fijado por el Presidente –108 mil 744 pesos– no se acompañó de alguna justificación sobre el tema, añadió Campos. Por ello, apuntó, es necesario que se aclaren cuáles son los factores que se tomaron en cuenta para integrar la percepción salarial del mandatario. De lo contrario, esa opacidad siembra el riesgo de que en futuras administraciones se modifique el monto también a discrecionalidad del gobierno en turno.

José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, manifestó que la necesidad de efectuar un recorte en la administración parte de que en los pasados 30 años no existieron criterios para normar el desempeño de los funcionarios públicos ni una evaluación de la eficacia del gasto de gobierno. Les acabó generando una inercia de desempeño de la administración que no corresponde con los desafíos tanto globales como nacionales que tiene el país, resumió.

En general, los especialistas coinciden en señalar que sin un servicio profesional de carrera será poca la eficacia de un recorte, si bien útil, parco para hacer que la administración pública se vuelva más eficiente.

Si el objetivo genuino es profesionalizar el servicio público y no sólo liberar recursos “de albazo”, con el objetivo de llevarlo a otras prioridades del gobierno, se debe hacer una evaluación periódica de quiénes lo integran. Dejar atrás las burocracias partidistas y clientelares es la única manera de cumplirlo, afirmaron.

Al final del día, el éxito de la medida que implementa el Presidente va a radicar en que se pueda mantener y mejorar la calidad de la administración pública. Generar los fundamentos, una restructuración y comenzar con la evaluación va a depender de qué tan prioritario sea esto en las estrategias que está instrumentando el gobierno, indicó De la Cruz.