El gobierno de Enrique Peña Nieto fue incongruente al no reconocer la competencia del Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) para recibir y examinar comunicaciones individuales por ese delito, señaló el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

En un problema tan grave y lacerante como es este fenómeno, dijo, la apertura internacional es un elemento para alcanzar verdad y justicia. Recordó que desde 2014, un mes después de que tomó posesión, el organismo a su cargo ha insistido constantemente en la necesidad de que el Estado mexicano acepte esa competencia.

En entrevista, el ombudsperson nacional se refirió a la información publicada este lunes por La Jornada en torno al amparo que un juez de distrito en materia administrativa concedió a María Herrera Magdaleno, madre de cuatro jóvenes desaparecidos en dos momentos distintos (dos en Guerrero en 2008 y dos en Veracruz en 2010), en el que resolvió que el Estado mexicano debe concluir los procedimientos para reconocer al comité de la ONU.

Nos hemos tardado. Soy optimista y pienso que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador será receptivo de lo que la CNDH ha señalado y ahora se establece en una resolución judicial, para cumplir con ese paso. Los organismos internacionales son complementarios o subsidiarios de las instituciones nacionales, y en un tema tan lacerante como las desapariciones hay que buscar todas las formas posibles de combatir la ausencia de resultados.

Hay 40 mil víctimas que demandan atención

González Pérez no encuentra una sola razón o argumento válido para que la pasada administración federal se negara a aceptar dicha competencia. No debe espantar nos que se pidan informes (del exterior) a México, sobre todo en tema, que es uno de los principales de la agenda nacional.

Las desapariciones son una tragedia que revela la debilidad del estado de derecho en México, la cual se traduce en impunidad rampante. El país necesita trascender estas conductas si queremos fortalecer la democracia, advirtió.

Erradicar este fenómeno, investigar y sancionar esos delitos, enfatizó, no sólo corresponde a las autoridades federales. Los gobernadores tienen sus responsabilidades. A partir de la ley general en la materia (que entró en vigor en enero del año pasado) se instaló el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que se debe crear en el contexto local con la instalación de comisiones estatales para tal fin, pero hay entidades en las que aún no existen; está pendiente la integración de varias fiscalías especializadas y echar a andar la base de datos para los restos (de víctimas).

Aunque eso no basta, dijo, pues la ley debe acompañarse de los presupuestos necesarios para su aplicación, además de la voluntad política de los actores gubernamentales.

Los retos son grandes, y si bien un paso importante en lo federal ha sido la creación por decreto presidencial de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, los compromisos deben ser mayores. Sí, tenemos 43 normalistas desaparecidos, pero hay cerca de 40 mil víctimas que también demandan atención.

Desde su perspectiva, la agenda de derechos humanos para el país es amplia, por lo que recientemente entregó al Congreso de la Unión un documento en el que la CNDH delinea los retos en la materia, entre ellos el reconocimiento del CED, a fin de que esos puntos sean considerados en la definición del Plan Nacional de Derechos Humanos.