uan Manuel Martínez Herrera y Pablo Espinosa Saldaña, ex presidente y vocal del consejo de administración de la empresa que gestiona la línea 2 del Metrobús, respectivamente, fueron acusados por los socios de dicha entidad de haberles causado un quebranto del orden de un millón 700 mil pesos, al vender sin autorización dos camiones y no reportar el destino de los recursos obtenidos.

Además de la desaparición del producto de esa venta, los funcionarios habrían operado un esquema para que el Corredor Oriente Poniente (Copsa) comprara 80 por ciento de los insumos y refacciones con 30 por ciento de sobrecosto a una empresa de la que ellos mismos eran dueños.

Se presume que las desviaciones fueron facilitadas por los ex comisarios del anterior consejo de administración, Nicolás Vásquez y José Quintanilla, quienes no denunciaron los hechos al ser informados al respecto.

Si bien la cuantía de las irregularidades cometidas por Martínez Herrera y Espinosa Saldaña podría palidecer al lado de otros episodios de corrupción dados a conocer en años recientes, de comprobarse las acusaciones presentadas por la tesorera de Copsa, Karina Zamora Bucio, se estaría ante una operación orquestada para el saqueo sistemático de un servicio concesionado, cuya importancia es inestimable para miles de habitantes de la capital y su zona conurbada.

Se está, pues, ante una oportunidad que no puede desperdiciarse para investigar de manera exhaustiva, y eventualmente imponer una sanción ejemplar a una conducta que las pasadas autoridades locales parecían haber normalizado hasta extremos en todo punto inaceptables.