l asesinato de Valeria Cruz Medel, hija de la diputada federal Carmen Medel Palma, constituye la enésima muestra de la absoluta inoperancia de la estrategia en materia de seguridad pública que se echó a andar en el comienzo del sexenio pasado y que, con escasas modificaciones, continúa vigente. Ni el cambio de gobierno que vivió México en 2012, ni la primera derrota sufrida por el Partido Revolucionario Institucional en la gubernatura de Veracruz, en 2016, se han traducido en una mejoría para los ciudadanos, quienes se encuentran expuestos a sufrir atentados a su integridad física o patrimonial en cualquier lugar, incluso en la realización de sus actividades más cotidianas: Valeria Cruz fue asesinada cuando se entrenaba en un gimnasio.
El accionar de un comando armado y el antecedente de que la diputada Medel fue secuestrada en 2016, apuntan a que el atentado contra la joven estudiante de medicina fue obra del crimen organizado que ha campado a sus anchas en la entidad durante las dos anteriores administraciones priístas y la actual panista. Así, el trágico suceso se suma a los alrededor de 40 homicidios cometidos en Veracruz cada semana, signo del fracaso absoluto del mandatario saliente en lo que fue una de sus principales promesas como candidato a gobernar la tercera entidad más poblada del país.
En este contexto de criminalidad desbordada –cuya máxima expresión es el homicidio, pero que incluye también secuestros, extorsiones, despojo de bienes y tierras, así como el flagelo de las desapariciones forzadas– se presentó ayer la iniciativa del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para poner fin a la prohibición del uso de la cannabis y sus derivados, y regular de manera estricta su siembra, producción, distribución, venta y consumo. Promovida por la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la propuesta supone un giro en el enfoque acerca de los estupefacientes imperante en el mundo desde que en el siglo pasado Estados Unidos decidió convertir el combate a las drogas
en una de sus prioridades dentro y fuera de sus fronteras.
Es necesario saludar la iniciativa de la ex ministra en la medida en que supone un primer paso para transitar de un esquema punitivo que no ha tenido efecto alguno en la reducción del consumo de sustancias enervantes y, en cambio, ha contribuido a disparar los índices de criminalidad, a la creación de gigantescas fortunas a partir del tráfico ilegal y a la corrupción de gobiernos y corporaciones policiacas de todos los niveles, a uno nuevo que ponga el acento, de un lado, en el debilitamiento de los grupos criminales mediante la eliminación de sus fuentes de ingreso y, de otro, en la atención del consumo como lo que siempre ha sido, un asunto de salud pública.
