El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem) emitió una prealerta financiera al ayuntamiento de Naucalpan porque su deuda, de más de mil millones de pesos, podría volverse ‘‘inmanejable’’; además, enfrenta pasivos por unos 800 millones de pesos por juicios laborales, mercantiles y con proveedores.

Maximiliano Alexander Rábago, quien a partir del primero de enero será síndico procurador de Naucalpan (municipio que por primera vez será gobernado por Morena), precisó que el déficit compromete más de 40 por ciento del presupuesto municipal de 2018, de unos 4 mil 160 millones de pesos. ‘‘Nuestro pellejo está en juego’’, alertó.

Agregó que el informe de la cuenta pública de 2017 también alerta sobre la inviabilidad financiera del organismo público de agua potable y saneamiento (Oapas), pues su deuda asciende a 974 millones de pesos, equivalentes a 60 por ciento de su presupuesto anual.

Acompañado por los regidores electos Jesús Hernández Luis y Maricela Hernández Inocente, expuso que la alcaldía también tiene adeudos con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y la Comisión Federal de Electricidad por 43 y 22 millones de pesos, respectivamente.

Asimismo, el Osfem detectó que el ayuntamiento retuvo a sus trabajadores 14 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta, pero no enteró esos recursos al Sistema de Administración Tributaria.

Responsabilizó al ex alcalde panista Édgar Olvera Higuera –quien dejó el cargo para saltar a una diputación local– de ‘‘hundir a Naucalpan’’, pues en sus dos años de gobierno (2016-2018) endeudó aún más al municipio para rentar patrullas, colocar pantallas gigantes y comprar un helicóptero, entre otros gastos.

Indicó que deberán castigarse estos excesos y el “cochinero financiero’’ y que el gobierno entrante presentará denuncias ante el Sistema Estatal Anticorrupción, el Osfem y las contralorías de la legislatura y del gobierno estatal.

A menos de un mes de la toma de protesta del ayuntamiento 2018-2021, el síndico electo acusó que no se ha instalado la comisión de entrega y recepción y tampoco se han presentado estados financieros.

Añadió que los laudos en tribunales podrían causar ejecutoria cuando se inicie la siguiente administración y no descartó que los nuevos ediles puedan enfrentar destituciones y responsabilidades penales.