La propuesta del gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, de crear una asociación pública-privada (APP) con la constructora Cointer –filial de la española Grupo Azvi– con una aportación de 9 mil millones de pesos del erario a pagar en 27 años, ‘‘es inadmisible’’ porque aumentará la deuda del estado a 30 mil millones de pesos en momentos en que ni siquiera ha pagado salarios y pensiones a maestros, advirtieron diputados federales de Morena y del Partido del Trabajo.

El Congreso de Baja California, donde el Partido Acción Nacional es mayoría, pretende aprobar el incremento de la deuda estatal al destinar 9 mil millones de pesos a pagar servicios a la empresa Cointer, de la cual es socio el senador panista Víctor Hermosillo.

Jaime Martínez Veloz, ex comisionado de los Pueblos Indígenas y aspirante a la gubernatura de Baja California, refirió que Grupo Azvi construyó un puente levadizo de 30 millones de dólares sobre el río Cau, en la provincia de Valdivia, Chile, y por el valor de 30 millones de dólares, pero lo hicieron al revés: colocaron los brazos en sentido contrario al de los brazos que unirían el cruce.

A pesar de este escándalo y del alto costo de las obras de la compañía, ‘‘la orden de Kiko Vega a sus testaferros en la Cámara de Diputados del estado es que aprueben ese adefesio presupuestal que incrementará la deuda que el gobierno está heredando a cada uno de los ciudadanos del estado. Es inaceptable la irresponsabilidad del actual gobernante, quien no ha entendido que los tiempos han cambiado, que primero está el pueblo, y al final el pueblo.

‘‘Mañana, en un acto que deberá ser reprobado por todos, Kiko Vega y sus dependientes en el Congreso de Baja California autorizarán la APP con Cointer, la cual ha subcontratado a una empresa del senador panista Víctor Hermosillo para realizar lo que algunos llaman el doble piso de Tijuana, que tendrá un costo inicial de mil 468 millones de pesos’’, adujo.

El grupo parlamentario de Morena advirtió que esa ‘‘obra faraónica’’ fue aceptada por el auditor superior de Baja California, Carlos Padilla Villavicencio, ‘‘impuesto por el gobernador Vega’’ y quien firmó el pasado 31 de octubre el dictamen correspondiente ‘‘después de recibir un oficio entregado por la diputada panista Iraís María Vázquez, presidenta de la comisión de hacienda y presupuesto del Congreso de Baja California, concediendo la viabilidad financiera a la obra’’.