Las iniciativas para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación, que se preparan en el Congreso de la Unión, provocan opiniones encontradas entre los sectores de la población.

Mientras, organizaciones conservadoras como el Frente Nacional por la Familia (FNF) y de la Unión de Padres de Familia (UNPF), han – incluso– acudido a la casa de transición para intentar parar esta medida; feministas como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) hablan de la necesidad de entender el tema como derechos a la intimidad y a la salud.

Desde el Senado, la legisladora perredista Leonor Noyola, presentó una iniciativa de reforma constitucional para despenalizar el aborto. En la Cámara de Diputados, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, integrante de Morena, propuso que a escala federal se apruebe la legalización de prácticas seguras de interrupción del embarazo.

Regina Tamés directora de GIRE, destacó que es clave que se haya puesto sobre la mesa de discusión el tema, más cuando los abortos inseguros son la cuarta causa de muerte materna en el país. Es un tema de justicia social y salud. Explicó que, por medio de su trabajo ha constatado que son aquellas mujeres de escasos recursos, las que sufren más de la criminalización y los riesgos de no tener acceso a un procedimiento seguro.

Dijo que el argumento de los grupos más conservadores gira en torno a la protección de la vida desde su concepción. En su opinión, ello no está peleado con despenalizar el aborto. Garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo puede coexistir con la protección a la vida desde la concepción, porque ello significa también que una mujer que está embarazada y desea llevarlo a término, el Estado debe garantizarle los nutrientes, el control prenatal o que no sea violentada.

La criminalización del aborto es la materialización de la idea de que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres; idea que continúa permeando no sólo la cultura, sino todas las instituciones del Estado y que representa una violación a los derechos humanos, se lee en el informe Maternidad o castigo, de GIRE.

En el documento, la organización recomienda al Congreso, que en caso de emitirse un código penal único, se garantice que la tipificación para el delito de aborto considere los estándares nacionales más respetuosos de derechos humanos para las mujeres, que son aquellos previstos en la legislación penal de la Ciudad de México.

Regina Tamés se pronunció por abstenerse de una consulta pública para estudiar las propuestas de despenalización del aborto pues, los derechos humanos no se deben consultar.

En contraste, Rodrigo Iván Cortés, presidente del FNF, quien se ha pronunciado en diversas ocasiones en rechazo a la despenalización de la interrupción legal del embarazo, indicó en un video difundido en redes sociales que: Le recordamos al presidente electo (Andrés Manuel) López Obrador que la gente no votó por el aborto, ni por la eutanasia, ni por los matrimonios del mismo sexo, ni por las drogas.

Desde su perspectiva, refiere que las propuestas para despenalizar el aborto o legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, son una cultura de la muerte e imposición de ideología de género.