Domingo 4 de noviembre de 2018, p. 9
El primer fiscal general de la República tendrá la autonomía de gestión que le confiere Constitución. Así está propuesto en el anteproyecto de dictamen que se discute en el Senado, señaló el presidente de esa cámara, Martí Batres Guadarrama.
Sobre las críticas de organismos empresariales, así como del PAN y Movimiento Ciudadano, dijo que no es correcta la visión de quienes pretenden que la nueva fiscalía se contraponga al Ejecutivo federal, ya que es importante que trabajen en coordinación, sobre todo porque la tarea fundamental del nuevo gobierno es la lucha contra contra la delincuencia y la principal exigencia de la sociedad al próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, será que tenga resultados en materia de seguridad.
Por ello el nuevo gobierno no puede tener en contra a la fiscalía. La dependencia que sustituirá a la PGR debe mantener colaboración y cercanía con el Poder Ejecutivo
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El senador de Morena dijo que en su bancada se ha discutido el tema y hay coincidencia en que no es correcta la visión de quienes ven la fiscalía como espacio de grupos de interés económico de la sociedad. Es un espacio público y tiene que trabajar muy de cerca con el Ejecutivo federal
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Sí, en cambio, dijo que el fiscal tendrá la autonomía que la Constitución le confiere en el artículo 102. Allí, detalló, se asienta que el Ministerio Público de la Federación se organizará como órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio
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Dijo que el fiscal será nombrado por el Senado, a partir de una terna remitida por el Presidente de la República, que éste integrará con candidatos propuestos por esa cámara.
Detalló que en la reunión que legisladores de Morena sostendrán el lunes por la tarde con López Obrador se discutirá la agenda prioritaria del presidente electo, entre cuyos temas está la iniciativa para crear la ley orgánica de la fiscalía general de la República, el catálogo de delitos graves, reforma sobre extinción de dominio y las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Por lo que toca a esta última, las modificaciones van encaminadas a crear las secretarías de seguridad ciudadana, de bienestar social y el instituto de pueblos indígenas y, dado que tienen que ver con la integración del equipo de trabajo de López Obrador, hay la intención de trabajar estas últimas reformas en conferencia entre ambas cámaras, para que estén aprobadas antes del 1º de diciembre.