un cuando pudiera parecer comprensible la decisión del edil de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, de despedir a su coordinador de Programas Sociales, Ulises Flores Vázquez, por su parentesco con quien fue secretario de seguridad Pública de ese municipio durante el (des) gobierno de José Luis Abarca Velázquez, Felipe Flores Vázquez, cuando normalistas de Ayotzinapa fueron atacados, dos de ellos muertos a tiros esa misma noche y otros 43 desaparecidos, tal acción no es justificable.

No pueden, como dice el refrán popular, pagar justos por pecadores, como ocurría en la época de la Inquisición o cuando el mundo era gobernado por reyes, en el Medioevo y en la antigüe- dad; en el derecho moderno una práctica así es aberración. El 9 de octubre, cuando le dio posesión del cargo, el alcalde argumentó que lo hacía porque parentesco no implica complicidad, ni responsabilidad. Pero tres semanas después consideró necesario desdecirse y, de paso, violar al menos un derecho de Flores Vázquez: el derecho al trabajo remunerado.

No es suficiente que se lo hayan pedido los alumnos de la normal, por muy justificado que sea su luto y por muy profundo que sea su dolor; ellos no pueden decidir la suerte de ninguna persona, sobre todo si no guarda con ellos relación jurídica alguna, sólo porque le tocó en suerte ser hermano de alguien que está acusado, aún no juzgado, ni condenado, de un delito.

En derecho –igual que en el periodismo–, el pariente no es culpable por ser pariente, sino sólo por cometer un delito probado, aun cuando su relación de familia obliga a dar al pariente un trato diferenciado en los procesos judiciales –y a prestar atención especial en periodismo–, pues es probable que por su vínculo con el imputado su actitud no sea objetiva, ni imparcial, y tal vez tampoco veraz. Con toda seguridad, no es la primera vez que un alcalde resuelve con un despido una situación incómoda; no es casual que muchos ayuntamientos estén endeudados hasta el cuello.

No es necesario ser experto en derecho laboral para decir con mucha certeza que este caso bien puede constituir un despido injustificado, con independencia de si el afectado mantiene a salvo sus derechos o no, pues el hecho de que haya aceptado causar baja de la nómina municipal –como aseguró el alcalde– no le quita un ápice a ese hecho, que, de paso, constituye un riesgo para el gobierno municipal, que pudo verse obligado a pagar por un laudo desfavorable.