n este lugar maldito donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza, rezaba la inscripción realizada en un muro de la cárcel de Lecumberri, conocida como el Palacio Negro, en 1976. Oponerse a proyectos de despojo, saqueo y control de las comunidades por empresas, partidos políticos, políticas públicas y crimen organizado, ayer como hoy, ha costado la prisión a campesinos e indígenas, maestros y estudiantes a lo largo del país.

Se estima que existen cerca de 300 presos políticos en México, pero aún no hay una cifra exacta: hace falta conocer las decenas de luchas en defensa de los territorios que no salen en los medios de comunicación, o que no son acompañadas por ninguna organización, y los expedientes de las personas que son acusadas por algún delito no relacionado con el conflicto que las llevó a la cárcel.

La violencia es generalizada y la criminalización es un patrón contra los de abajo; la fabricación de delitos y la complicidad de las autoridades en la administración de justicia forman parte de un sistema podrido y sumergido en la corrupción, que deja la justicia en manos de intereses territoriales y del dinero. La prisión es una forma de desalentar la protesta social, silenciar a los rebeldes y desmoralizar a los que se mantienen en la resistencia.

Las injusticias abundan en México: según informes de derechos humanos, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se registraron 2 mil 968 detenciones arbitrarias, muchas de ellas en un contexto de movilizaciones y lucha social.

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se observan pintas en las calles que dicen: Libertad a presos políticos. CNI-EZLN; rumbo a La Trinitaria: Libertad a Juan Díaz Montejo, Hugo López Gutiérrez y Gilberto Gómez López, de la organización FRDOC-CCPP. En Chilpancingo, Guerrero, las paredes nombran a los presos de la CRAC-PC, que suman 26 policías comunitarios, entre ellos Gonzalo Molina y Marco Suástegui.

También en las calles donde marcha la CNTE se deja la constancia en los muros por la libertad de: Sara Altamirano Ramos, Leonel Manzano Sosa, Lauro Atilano Grijalva, Damián Gallardo y Óscar Hernández Neri.

Los indígenas de Chiapas agrupados en Solidarios de la Voz del Amate, como Alejandro Díaz Santiz, recluido en el Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas, se reivindican injustamente presos. Mariano Pérez Velasco, Diego López Méndez, Adrián Gómez Jiménez, Pablo Gómez Gómez, Alfredo Gómez Gómez.

Marcos Ruiz López y Guadalupe Gómez Hernández, indígenas tzotziles que fueron miembros de la CIOAC y simpatizantes zapatistas, suman ya 16 años encarcelados en el Cereso 14 de Cintalapa, acusados de secuestro, sin que sus denunciantes se hayan presentado a ratificar la denuncia.

Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González, Rómulo Arias Mireles, Marco Antonio Pérez, Lorenzo Sánchez y Dominga González, de la comunidad nahua de Tlanixco (estado de México), están presos desde 2003 con sentencias que rebasan los 50 años, por defender el agua de su comunidad.

Las tierras ejidales de Salazar, en la misma entidad, son codiciadas por conocidos políticos y empresarios que ahí construyen sus casas y fincas de descanso. Cutberto Vilchis García y sus compañeros fueron detenidos en 2017 a raíz de una masiva intervención policiaca dentro de la comunidad.

Fidencio Aldama Pérez, de la comunidad de Loma de Bácum, Sonora, pertenece a la tribu yaqui y participa en el CNI. Lleva dos años en la cárcel por defender su territorio contra un gasoducto, fue aprehendido y sentenciado por el delito de homicidio.

Miguel Ángel Peralta Betanzos, Jaime Betanzos, Alfredo Bolaños, Isaías Gallardo, Omar Morales Álvarez, Fernando Gavito y Herminio Monfil, son campesinos y maestros de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Desde hace tres años están en la cárcel en espera de sentencia, aun cuando las pruebas en el expediente no son suficientes para acreditar la probable responsabilidad de los detenidos, acusados de homicidio calificado y tentativa de asesinato.

Estos son algunos casos donde la organización popular, familiar, comunitaria, ha logrado visibilizar las causas y las detenciones. Faltan muchos más presos que la opinión pública aún no conoce, aislados e incomunicados en las prisiones del país.

Son muchas las experiencias y variadas las luchas por la libertad de los presos políticos. Un proceso importante es el librado por los presos en las cárceles de Chiapas, organizados en la Voz de Cerro Hueco, del Amate o de Los Llanos, entre 1996 y 2008, que lograron su libertad, y la de 300 presos más.

Criminalizar la lucha social mediante la fabricación de delitos es para intimidar y generar el miedo necesario para paralizar las resistencias en las comunidades; sin embargo, y a pesar de todo, los territorios siguen en resguardo de los pueblos. Los presos políticos se tienen que liberar ahora y las causas de su lucha se deben atender de inmediato.

* Periodista.