Los actos de nepotismo en las instituciones encargadas de impartir justicia no sólo se presentan en el ámbito federal, sino también en los tribunales superiores de justicia del resto del país.

En el Congreso de la Unión, la bancada de Morena ha presentado propuestas legislativas para que jueces y magistrados no puedan contratar a familiares o parientes hasta en cuarto grado.

En caso de aprobarse la legislación a nivel federal y si las modificaciones sólo se realizan en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, estas limitaciones no tendrían impacto en los tribunales locales, pues se requerirán reformas a sus constituciones y leyes orgánicas estatales.

Un estudio elaborado por el consejero de la judicatura Felipe Borrego Estrada señala que 50 por ciento de los jueces y magistrados tiene al menos un familiar contratado en el mismo circuito. En ese contexto, en semanas recientes se dieron a conocer contrataciones de familiares que alcanzan a integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En esa circunstancia se reveló el caso de Daniela Pardo Soto Reyes, hija del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se desempeñaba como secretaria de estudio y cuenta en la presidencia de la Corte, uno de los puestos más importantes en cada ponencia, ya que son los encargados de estudiar cualquier planteamiento jurídico que llegue a su área. Daniela Pardo tenía un sueldo de entre 135 y 148 mil pesos mensuales.

Dos días después de que el caso fue dado a conocer, su nombramiento desapareció del directorio del máximo tribunal y hasta se organizó una fiesta de despedida para Daniela Pardo, quien en cuatro años alcanzó uno de los puestos más altos en esa institución.

Respecto de presuntos actos de nepotismo en los estados, estos son algunos casos:

En el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, los magistrados dieron empleo a sus familiares en distintos cargos, pese a que en muchos casos no cumplieron con los requisitos para ello. La ex presidenta de ese tribunal Lambertina Galeana Marín nombró a su hija Paloma Oviedo Galeana como su secretaria particular, en tanto que otra de sus hijas funge de proyectista de un juzgado.

La magistrada Antonia Casarrubias otorgó una plaza de proyectista en un juzgado a uno de sus hijos.

El magistrado Julio Jáuregui Lorenzo, ligado al PRI, además de catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero, cabildeó para que su esposa Azucena Pineda Pineda fuera nombrada juez de justicia para menores.

Juzgadores orales sin experiencia

En Jalisco, Luis Carlos Vega González y Horacio Vega Pámanes, hijo y hermano, respectivamente, del ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado Luis Carlos Vega Pámanes, fueron nombrados jueces orales. En el mismo caso se encuentra Karina Camacho Robles, hija del magistrado Luis Ernesto Camacho Hernández.

Hay casos de jueces orales que sin contar con cinco años de experiencia litigando –como lo exige la ley local– han obtenido los nombramientos de magistrados o jueces; así ocurre con Samantha Fierros Loza (hija del magistrado Antonio Fierros Ramírez), quien tenía 25 años de edad cuando fue designada; o el de Jorge Alberto Rodríguez Chávez (hijo del magistrado Celso Rodríguez González), quien tenía 26 años al momento de obtener su designación.

El consejero de la Judicatura Ramón Ramírez Hernández también tiene dos hijos que son jueces orales: Juan Carlos y Juan Manuel Ramírez Gloria.

Para los sobrinos también hay espacio. Es el caso de los hermanos José Manuel y Sugui López Kim, quienes fueron nombrados jueces con el mérito mayor de ser familiares del secretario general del gobierno estatal, Roberto López Lara.

En Querétaro, a escasos dos meses de que Francisco Domínguez Servién iniciara funciones en el cargo de gobernador, se jubiló a siete de 13 magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y la legislatura local nombró como nuevos magistrados a Mariela Ponce Villa, esposa del secretario de Gobierno en la entidad, Juan Martín Granados.

En esa entidad, el nepotismo no representa ninguna falta, porque fue abrogada la ley de responsabilidades administrativas del estado de Querétaro de 2009, y fue aprobada la nueva ley con el mismo nombre, pero con un texto totalmente distinto, que ya no contempla como falta la contratación de personal con parentesco consanguíneo.

En Baja California, entre los casos de nepotismo se señala al magistrado Víctor Manuel Vázquez Fernández, a cuyo hijo del mismo nombre se le creó una plaza ex profeso de secretario de acuerdos en el juzgado primero civil de Tijuana.

Sonia Mireya Beltrán Almada, magistrada de la quinta sala en materia penal, está vinculada familiarmente con el magistrado Víctor Manuel Vázquez Fernández, entre otros casos en la entidad.