Mapastepec, Chis., En la frontera sur la política migratoria del gobierno mexicano también separa a las familias. Osman Fernando Ruiz González lo supo cuando se vio frente a una de las decisiones más difíciles de su vida. Después de cumplir con todos los requisitos, la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (Comar) le otorgó su visa humanitaria. También a sus dos hijos, de año y medio y cinco meses.

La familia había esperado ese momento por meses. Entre tanto Osman, de 21 años, había trabajado en las bananeras de la región para mantener a la familia.

Pero a su esposa Evelyn Mireya Ramírez le negaron la visa por ser menor de edad. Tiene 17 años, es madre de dos pequeños y desplazada, pero alguien responsable tiene que firmar por ella.

Según la ley, la titular del DIF en Tapachula, Irene Sevilla, podría tutelarla en el trámite, pero se negó. No acudió a la firma el día de la audiencia. Alegó: No me quiero meter en problemas con Honduras. El cónsul hondureño Marco Tulio Bueso tampoco metió las manos. Francisco Echevarría, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), sólo respondió con un frío no se puede.

Tras una ardua batalla legal en que fueron asesorados por el abogado Luis Villagrán, la autoridad, desde una ventanilla, decretó: Ya no hay nada que hacer. Como indocumentada, Evelyn quedaba sujeta a ser retenida –así le llama el INM a la detención y repatriada–, otro eufemismo para la temida palabra deportación.

En opinión de Villagrán, defensor Centro de Dignificación Humana, este es el mejor ejemplo de cómo el INM revictimiza a los adolescentes, sobre todo a quienes emigran sin acompañantes. Son los más vulnerables y los que más trabas encuentran en la burocracia mexicana.

Disyuntiva

Para esta familia, como para otras miles, obtener el refugio es un enorme tesoro, un patrimonio para sus hijos. Muchos lo pierden por situaciones así, por el riesgo de que las familias sean separadas.

La familia es originaria de La Ceiba, en la costa atlántica hondureña. De adolescente Osman ingresó como miembro activo de las fuerzas armadas, porque fue el único empleo que conseguí. Formó su familia. Nació el primer niño y luego el segundo. “Pero en el barrio donde vivimos, los pandilleros no soportaron que en su territorio viviera alguien del ejército. Y con dos bebés… no me quedé a averiguar qué pasaba si nos quedábamos”.

Como decenas de miles, emprendieron camino hacia el norte.

La visa humanitaria que obtiene un reducido porcentaje de los migrantes hondureños los acredita como visitante por razones humanitarias y tiene vigencia de un año. A partir de ahí, como solicitantes de refugio, su caso pasa a un comité de la Comar en Ciudad de México, que decide a quién se otorga la condición de refugiado. Los aceptados reciben en un plazo hipotético de 45 días hábiles la credencial como residentes permanentes en calidad de refugiados. En realidad, el plazo es mayor porque la Comar en Tapachula cuenta habitualmente con un equipo de trabajo de 11 personas y no se dan abasto para atender a máximo 50 personas por día. Su carga de trabajo de pronto se multiplicó, con mil 700 casos más, de las personas que venían en la ­caravana.

Dato accesorio: el aparato del INM cuenta con un presupuesto 70 por ciento mayor que el de la Comar.

“Fue una decisión muy dura –agre­ga Osman–: O me iba con los niños y la dejo a ella aquí, a merced de los coyotes. O nos vamos todos juntos a la buena de Dios”. Y en eso pasó la caravana y la familia se sumó a la ola gigante de desplazados que avanza por territorio mexicano. Osman ya faltó a la primera cita en la Comar, donde tiene que firmar obligatoriamente cada semana hasta obtener el documento definitivo de refugiado, junto con sus hijos. Ha perdido todos los derechos. Su caso pasa a ser, en el argot de la burocracia de la Comar, un abandono del trámite. Para él y su familia fue una elección dramática.

Yo sé que ya perdimos el caso. Y si la agarran a ella, todos vamos para atrás. No vamos a dejar que nos separen.

Antes de la llegada de la oleada del éxodo centroamericano, el INM y la Comar registraban ya una sobresaturación en el procesamiento de solicitudes de visa humanitaria o refugio permanente.

Desde 2013 los hondureños encabezan las estadísticas de la Comar con mayor número de solicitudes presentadas. En 2017 –últimas cifras disponibles– se presentaron 2 mil 443 peticiones. Únicamente fueron reconocidos 204, por debajo de los casos resueltos favorablemente para venezolanos o cubanos. Sólo 866 terminaron el trámite, 400 están contabilizados como casos de desistimiento o abandono de trámite.

Muchas veces se abandona el proceso por situaciones como la de Osman y Evelyn. O por cómo funciona el sistema, explica Villagrán, quien suele acompañar a los solicitantes en los trámites en esperas que pueden ser de hasta cuatro horas. Aquí se da prioridad a los cubanos, porque es un negocio, pagan sus visas. Los hondureños no son negocio para este sistema.

El abogado describe otra traba que resulta insuperable. “Funciona así: cuando el solicitante de refugio llega a la estación migratoria le hacen firmar un ‘documento provisional de visitante con permiso de realizar actividades remuneradas’. No les explican las consecuencias. Cuando ingresan su solicitud de visa humanitaria el sistema la bloquea en automático por duplicidad de trámite. Y en ocasiones sale incluso una alerta, como si se tratara de delincuentes con antecedentes penales. Tengo una lista de 50 casos así, pendientes de solución. Estos quedan en el limbo”.

Desde el momento en que los caminantes quisieron entrar a México por el puente internacional sobre el río Suchiate, el 19 de octubre, un operativo de policías federales y agentes migratorios bloquearon el ingreso más de 24 horas, sólo para abrirlo esporádicamente a lo largo del segundo día dejando entrar grupos de 30, entre ellos personas vulnerables, especialmente mujeres y niños. Sin explicarles las consecuencias, fueron llevados a la estación migratoria para su registro y después a lo que les dijeron sería un albergue. No era tal, sino una extensión de la estación migratoria donde no tuvieron más opción que iniciar un trámite incierto para obtener su visa migratoria o ser repatriados. Encerrados y sin contacto con el exterior.

Nos preocupa mucho la falta de transparencia del gobierno mexicano en todo el procedimiento, expresa Andrea Villaseñor, de la sede en Tapachula del Servicio Jesuita a Migrantes. Junto con agrupaciones pro derechos humanos, albergues y organizaciones sociales que atienden problemáticas de la población migrante en la frontera sur han formado un colectivo que intenta vigilar dichos procesos en este momento excepcional. Pero hasta ahora a ninguno de nosotros se le ha permitido el ingreso a la Feria Mesoamericana.

Ahí dentro están albergados, no se sabe en qué condiciones, mil 743 centroamericanos, en su mayoría mujeres y niños. Deben enfrentar solos, sin ninguna orientación legal, el laberinto de la burocracia mexicana para pedir refugio y permanecer en Chiapas. Se dice que 196 de ellos han desistido del trámite y han optado por el retorno voluntario.

“Pero en estos retornos –eso es lo peor–tampoco ha habido transparencia y las organizaciones civiles no sabemos en qué condiciones se dieron estas repatriaciones.”

Mientras, la única opción es avanzar en caravana, como la familia de Osman. Y para el pequeño Dylan, que en el trayecto dominará el arte de gatear.