a reunión que sostuvieron ayer dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es una buena señal que podría llevar al fin de uno de los periodos más oscuros en la relación del gobierno federal con el magisterio democrático. En efecto, no podría ser mayor el contraste entre el mensaje de confianza en el diálogo que emitieron los líderes magisteriales al término de su reunión con el futuro mandatario, y la permanente crispación y estado de alerta generados por los personeros del gobierno saliente.
Cabe recordar que a lo largo del sexenio que habrá de terminar el primero de diciembre la lucha de la CNTE por la democratización de la educación estuvo marcada por la resistencia a la precarización laboral del magisterio público que la administración de Enrique Peña Nieto intentó imponer bajo la especie de una reforma educativa. Que ésta se encuentre paralizada en los hechos, pese a los ingentes recursos políticos y propagandísticos desplegados para someter a los docentes, supone una demostración más de la firmeza de la coordinadora y de su legitimidad dentro de las comunidades en las cuales trabaja.
Sin embargo, ni esta victoria ni las muchas que han obtenido los educadores democráticos en sus ya casi 40 años de lucha se han logrado sin grandes sacrificios. En este andar que los ha puesto cara a cara con los pasados siete presidentes de la República, los docentes han enfrentado acoso laboral, hostigamiento judicial, persecución, agresiones físicas y patrimoniales e incluso homicidios. En los años recientes, el más atroz de estos eventos tuvo lugar el 19 de junio de 2016 en la comunidad oaxaqueña de Asunción Nochixtlán, donde agentes federales lanzaron un brutal ataque armado contra los profesores y simpatizantes que llevaban a cabo un bloqueo carretero, dejando ocho muertos y más de un centenar de heridos de diversa magnitud.
A esta embestida de las sucesivas autoridades federales –y de muchas locales– la ha acompañado una campaña de estigmatización no sólo de la propia CNTE, sino de todos los docentes públicos y de la misma educación que es responsabilidad del Estado. Dicha campaña, tan feroz como permanente, ha estado a cargo de los grandes medios de comunicación y –desde que la alternancia política en el año 2000 aupó al primer plano del poder a la derecha empresarial– también por diversas instancias patronales o paraempresariales, dispuestas a usar todo su poder para empujar una agenda de privatización educativa y desmantelamiento de toda oposición organizada.
En vista de estos antecedentes, no cabe sino hacer votos por que los augurios de la reunión de ayer se concreten durante los meses y años por venir, para beneficio de los trabajadores de la educación, de los millones de alumnos que se encuentran bajo su tutela, y de la sociedad en general. No debiera repetirse jamás el sinsentido de una política educativa diseñada a espaldas y de manera abiertamente hostil hacia sus principales protagonistas.
