n menos de 24 horas, entre la noche del miércoles y el mediodía del jueves, fueron asesinados los defensores de los derechos y el territorio indígena Julián Carrillo y Noel Castillo Aguilar, así como el periodista Gabriel Soriano Kuri. Los hechos estuvieron separados geográficamente y las víctimas no tenían vínculos entre sí, pero los crímenes en ningún caso constituyen incidentes aislados, por el contrario, se inscriben en el registro de violencia extrema contra comunicadores y defensores que no cesa de recrudecerse desde el sexenio pasado.
El carácter sistemático de las agresiones referidas no es en modo alguno un asunto retórico y resulta, en todo caso, difícil de exagerar. Ejemplo de ello es que Julián Carrillo, rarámuri defensor de la tierra y el territorio en la sierra Tarahumara, sea el quinto integrante de su familia ejecutado en dos años por oponerse al despojo perpetrado por terratenientes, en beneficio de grupos del crimen organizado para la siembra de cannabis y amapola. Debido a las amenazas contra su vida y el evidente riesgo bajo el que se encontraba, el activista contaba con el resguardo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que su muerte es una muestra más de la inoperancia de ese organismo y del desinterés de las autoridades en su funcionamiento.
Por su parte, Noel Castillo se suma a una macabra lista de integrantes del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi) de Oaxaca ultimados en el transcurso del último año: el 12 de febrero, un comando interceptó una camioneta donde viajaban cuatro defensores, asesinando a tres de ellos e hiriendo a uno más, mientras que apenas el 17 de julio fue secuestrado y encontrado sin vida Abraham Hernández González, coordinador regional de la organización. Castillo defendía la playa y el río Copalita, en Santiago Astata, municipio donde fue ejecutado. Ahí mismo, el año pasado, murió de forma violenta otro integrante del Comité.
Gabriel Soriano es el duodécimo periodista asesinado en lo que va del año en México, así como el tercero ultimado en Guerrero desde 2016. Además del hecho de que México sostiene el vergonzoso título de ser uno de los países más peligrosos para los comunicadores, los colegas de Soriano Kuri que protestaron por el crimen en su contra señalaron un rasgo que define a la violencia imperante: la casi absoluta impunidad en que terminan todos estos atentados, tanto los sufridos por comunicadores y defensores, como los que afectan a la ciudadanía en su conjunto. Baste decir que por todos los atentados contra la familia de Julián Carrillo sólo se ha señalado a un presunto responsable.
Ante este escenario insoportable, no alcanza con las condenas enérgicas y las rutinarias promesas de resolución por parte de las autoridades de los diversos niveles: es imperante el despliegue inmediato y perdurable de acciones efectivas para atajar esta forma salvaje de dirimir conflictos por parte de los grupos de poder, trátese del crimen organizado o de cualquier otro.
