El proyecto para renovar la mitad de las camas hospitalarias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se suspendió porque la licitación se declaró desierta por la intervención del testigo social –designado por la Secretaría de la Función Pública– que detectó la pretensión de asignar los contratos a cinco empresas que incurrían en incumplimientos similares a los que motivaron que se haya desechado a otros 12 proveedores.

Durante el proceso, el ente señaló varias inconsistencias, desde el proyecto de la convocatoria, la investigación de mercado –que no fue la más adecuada–, propuestas económicas caras y el proyecto de fallo, entre otras.

La labor de testigo social se asignó al Instituto Mexicano de Auditoría Técnica (Imat), asociación civil. Observó la licitación pública internacional bajo la cobertura de tratados número LA-050GYR040-E9-2018, para la adquisición de camas hospitalarias en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS.

El director Tuffic Miguel informó sobre el proyecto para renovar 21 mil camas. Informó que se invertirían mil millones de pesos. Con ese fin, se organizó la licitación, se dividió la adquisición en ocho regiones, lo que se traduciría en igual número de contratos.

De acuerdo con el reporte del testigo social, desde el principio y antes de que se publicara la convocatoria, solicitó copia de la investigación de mercado. No obtuvo respuesta y conoció el documento hasta que se dieron a conocer las bases de la licitación, el 2 de julio de 2018.

Tras revisarlo, el Imat señaló que la investigación no fue la más adecuada, pues careció de información confiable que permitiera al IMSS tener las mejores condiciones de compra.

Bienes distintos a los requeridos

Indicó que si bien se invitó a 45 posibles proveedores, sólo nueve respondieron y presentaron cotización. Entre los requisitos se planteó que las empresas cumplieran con la totalidad de las especificaciones indicadas. Debido a que sus productos no las cubrían, prefirieron no participar y, por tanto, tampoco presentaron cotizaciones.

Además, algunas de las empresas que presentaron tarifas, eran de bienes distintos a los que requería el IMSS.

La licitación siguió su curso. Se realizó la junta de aclaraciones, donde el Seguro Social recibió 296 preguntas y de acuerdo con el testigo social, las contestó a cabalidad.

El 13 de agosto se realizó la presentación y apertura de proposiciones de 17 empresas participantes. Al conocer las propuestas, el testigo social señaló que los precios ofertados estaban por encima de lo que se podía encontrar en el mercado.

El acto para la presentación del fallo estaba previsto para el 28 de agosto y con la finalidad de tener tiempo para revisarlo, el Imat solicitó al IMSS que se le hiciera llegar con 24 horas de anticipación.

Esto no ocurrió y el mismo 28 por la mañana, el testigo recibió los documentos. El informe señala que se hizo una revisión aleatoria y encontró inconsistencias en los criterios de calificación. Mientras por una causal desechaban a algunos licitantes, otros que tenían los mismos incumplimientos, se les pretendía asignar una o varias partidas.

El Imat solicitó tiempo para hacer una revisión completa y detectó que se pretendía desechar a 12 licitantes, y contratar a los otros cinco aunque sus propuestas presentaban incumplimientos similares a los del resto. Esto llevó al IMSS a declarar desierta la licitación.

En sus recomendaciones finales, el testigo social indicó que si el ­Seguro Social recurre a la invitación a cuando menos tres proveedores para adjudicar los contratos, se ­debería tomar en cuenta los precios de las propuestas que cotizaron los precios más bajos.