En la campaña por la consulta nacional sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el equipo de transición del próximo gobierno estableció como parte de la desventajas de construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía y reacondicionar las terminales de Ciudad de México y Toluca, que negociar con contratistas y acreedores afectaría el presupuesto federal de 2019 y provocaría un posible impacto negativo en los mercados financieros.

Además, habría posibles pérdidas económicas por la cancelación en Texcoco y las aerolíneas tendrían complicaciones logísticas y otros costos.

Insistió, por otro lado, que continuar con la obra del NAIM en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) tiene como puntos en contra: incremento del costo de la construcción, de 185 mil millones a 285 mil millones de pesos (primera fase); costos de mantenimiento y operación sin determinar.

También, impactos ambientales negativos, “retraso de cuatro años –para la primera fase, al estimar que estaría hasta 2024–; dejarían de operar el actual AICM y la base aérea de Santa Lucía”.

Entre los puntos a favor para Santa Lucía establecieron menor costo de construcción y mantenimiento, mejores condiciones para operar y bajo impacto ambiental; continuaría operando el actual aeropuerto de Ciudad de México y se habilitaría el de Toluca. La obra operaría en menos tiempo y la Organización de Aviación Civil Internacional ratificó su viabilidad.

En cuanto a continuar la obra en Texcoco, resaltó su cercanía con Ciudad de México; sería un centro de conexión internacional; genera empleos y da confianza a inversionistas; mayor capacidad de pasajeros, cuenta con terreno de 5 mil hectáreas, con financiamiento de 69 por ciento del proyecto y avance de la obra de 20 por ciento.

Ante el debate generado por la aplicación de la consulta, del 25 al 28 de este mes, el jurista Jaime Cárdenas resaltó, por otro lado, que ésta no es ilegal porque se fundamenta en derechos reconocidos en la Constitución, como libertad de expresión, reunión y manifestación.

De acuerdo con los organizadores, se instalarán urnas en cabeceras municipales, plazas públicas y universidades de los 538 ayuntamientos del país donde se realizará.