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Priva la ausencia de autoridad

Tensión en el foro por la paz llevado a cabo en Oaxaca
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Ni perdón ni olvido fue la consigna en Oaxaca.Foto Jorge A. Pérez Alfonso
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 7 de octubre de 2018, p. 6

Santa Lucía Del Camino, Oax., Ni perdón ni olvido fue la consigna que imperó este sábado en el Foro Escucha Oaxaca por la Pacificación y Reconciliación Nacional, el decimoquinto de su tipo encabezado por Loretta Ortiz Ahlf, coordinadora de la consulta de pacificación y reconciliación.

La actividad comenzó con una sesión plenaria en la que víctimas expusieron la violencia a la que han sido sometidas, siempre escuchadas por Ortiz Ahlf, el arzobispo de Antequera, Pedro Vásquez Villalobos; el obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, y Adelfo Regino Montes, propuesto por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para dirigir el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

Regino Montes abrió el acto: Todas las opiniones son válidas, todas serán recogidas para que el primero de diciembre empecemos a construir una nueva historia para nuestro país, una historia en que la voz y el pensamiento de nuestros pueblos, la voz y el pensamiento de la ciudadanía, sea el horizonte del nuevo gobierno.

El acto reunió a más de 300 personas del interior del estado.

Momentos de tensión se vivieron cuando Isaac Torres Carmona, de la Asamblea de Víctimas 2006-2007, cedió su lugar a una persona que dio lectura a un documento en el que rememoró la lucha del pueblo oaxaqueño de los 50 años recientes, lo que molestó a varios de los asistentes, quienes comenzaron a chiflar y a gritar.

El orador, sin embargo, fue arropado por activistas del Frente Popular Revolucionario, la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha y del Consejo Indígena Popular de Oaxaca.

Torres Carmona discutió brevemente con Ortiz Ahlf sobre el orador, quien le reiteró que los micrófonos estaban abiertos para él y para quien deseara tomar la palabra. Otro grupo de personas pretendió acercarse a la coordinadora, por lo que fue rodeada por el cuerpo de seguridad del foro y sacada por una puerta lateral.

Minutos más tarde Ortiz Ahlf ofreció una conferencia de prensa en la que calificó a Oaxaca de un estado sin ley. Oaxaca es una ausencia de autoridad, así con todas sus letras, ausencia de autoridad debido a que ni el gobierno estatal ni el municipal cumplen con su responsabilidad, lo que da origen a toda clase de manifestaciones, por lo que urge dar justicia a todos y cada uno de los casos, lo que dará paso a la pacificación.

Agregó que entre los temas prioritarios a resolver están los feminicidios que se han incrementado, los presos políticos para los cuales podría incluirse un apartado en la amnistía, con sus condicionantes, además de los problemas agrarios que han provocado gran cantidad de personas fallecidas.

La mayoría de oradores se concentró en la persecución y encarcelamiento contra luchadores sociales: Carmen Sánchez, del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca (Facmeo), recordó el caso de los profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acusados de secuestro por su oposición a la reforma educativa y que pese a que se ha demostrado que fueron torturados, siguen encarcelados.

Rememoró el asesinato de su ex dirigente Rafael Rodríguez Enríquez, que continúa sin resolverse.

Santiago Ambrosio, dirigente del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio, demandó castigo a los autores materiales e intelectuales de la matanza de Nochix-tlán, ocurrida en 2016, cuando, a solicitud del entonces gobernador Gabino Cué Monteagudo, policías estatales y federales pretendieron desalojar a pobladores y maestros que bloqueaban una carretera en esa localidad. Demandó castigo al ex mandatario, así como al entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y demás funcionarios involucrados.

Zoila Bengochea, madre de Dafne, víctima de feminicidio, durante cuatro años luchó para que el asesino de su hija fuera declarado culpable y sentenciado. En su momento denunció que el proceso se retrasó presuntamente por el tráfico de influencias de la familia del homicida, lo cual incluso ha derivado en la reducción de su sentencia de 78 a 74 años de prisión.