En la región de la Montaña del estado de Guerrero persisten graves violaciones de derechos humanos en contra de diversos sectores de la población, pero también hay importantes ejemplos de resistencia y organización popular, señaló el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en un informe con motivo de su 24 aniversario.

En ese contexto, su coordinador, Abel Barrera Hernández, pidió al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no criminalizar a la lucha social, que se respete sobre todo a los defensores de los derechos humanos porque Guerrero es el bastión de esta resistencia. Y agregó que la lucha histórica incluye el problema de las desapariciones y, sobre todo, el caso de las familias desplazadas.

En el informe titulado Montaña: manantial de la resistencia, torbellino de esperanza, el colectivo con sede en la ciudad de Tlapa hizo un recuento de algunos de los principales casos de agravios que han ocurrido en años recientes en una de las zonas más pobres de Guerrero y de todo el país.

Uno de los temas que destaca Tlachinollan, en el documento de más de 550 páginas, es el de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el cual ha generado gran irritación social por la falta de voluntad política real de las autoridades del país para dar respuestas convincentes a los padres y madres de los estudiantes.

“En todo este tiempo quedó cancelado el diálogo fluido, transparente y respetuoso. Se rompieron los puentes de la interlocución y la Procuraduría General de la República enfocó sus baterías para reforzar la ‘verdad histórica’ y preparar el cierre de la investigación. Ante esta relación ríspida aprovechó las circunstancias para restringir la información”, puntualizó el colectivo.

Al informe acudieron los padres de los 43 normalistas desaparecidos. Barrera Hernández resaltó que han cimbrado al país. No podemos escribir si no va el rostro de los 43, y estamos marcados en esta generación por esta justicia de ustedes que luchan, aquí están sus hijos porque están en el corazón del pueblo.

Antes, celebraron una misa con el obispo Dagoberto Sosa en la catedral de San Agustín en Tlapa, Guerrero, donde un representante de los padres entregó una ofrenda para solicitar la creación de la Comisión de Investigación por la Verdad y la Justicia, y la presentación de sus hijos.

Para la conmemoración del 24 aniversario de Tlachinollan también se convocó a una marcha en la que participaron más de mil 500 personas.

Por otro lado, advirtió en el estudio que sigue habiendo múltiples casos de criminalización de defensores de derechos humanos, como lo demuestra el acoso judicial en contra de Marco Antonio Suástegui, opositor a la presa hidroeléctrica La Parota, y el encarcelamiento de 25 de sus compañeros.

De igual manera, el informe destacó las historias de los integran-tes de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso que han sido llevados a prisión por realizar labores de autodefensa contra la delincuencia organizada, y la del defensor comunitario Arturo Campos Herrera, quien pasó más de cuatro años en la cárcel acusa-do de decenas de secuestros que nunca fueron comprobados.

Tlachinollan hizo también una mención especial del caso del luchador social Ranferi Hernández, quien en octubre de 2017 fue torturado y asesinado junto con su esposa, su suegra y un amigo. El activista, recordó Tlachinollan, había enfrentado a caciques del estado y denunció la matanza de 17 campesinos en la comunidad de Aguas Blancas.

Asimismo, el informe incluyó el tema de la persistencia de los feminicidios y el encarcelamiento injusto de mujeres que luchan por sus derechos, así como el de las condiciones de semiesclavitud en las que viven miles de jornaleros agrícolas, muchos de los cuales mueren por accidentes o enfermedades sin que haya registro oficial de ello.

Sin embargo, Tlachinollan destacó también los casos de la indígena Valentina Rosendo Cantú, quien luego de ser víctima de tortura y agresión sexual en 2002 logró que dos militares fueran sentenciados por ello en el fuero civil del país, y el de la comunidad de San Miguel del Progreso –o Júba Wajiín–, que ha ganado dos amparos para evitar que una empresa minera se asiente en sus tierras.

En su mensaje, Barrera Hernández también habló de la reforma educativa impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto.

Aquí su reforma se transformó en menos maestros, menos escuelas, menos inversión para la infraestructura educativa, como lo evidencian las protestas en Chilpancingo y Tlapa, acusó.

De ahí, expresó, viene la criminalización de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. (A los jóvenes) se les ha estigmatizado, se les ha tratado como vándalos, como dice el gobierno; pero no, son la cuna de la rebeldía, son la inspiración de lo que significa pelear con dignidad un derecho fundamental como es la educación.

Recordó el caso de Arturo Campos, integrante de Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), quien fue acusado de 49 secuestros, todo por defender el sistema de la policía comunitaria al impartir justicia para los pueblos.

El defensor habló de los presos políticos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, quienes desde hace más de 15 años se han opuesto a la edificación de una hidroélectrica de la Comisión Federal de Electricidad en el río Papagayo, entre muchos otros casos de violación a derechos humanos que han debido enfrentar.