La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 32/2018, dirigida al gobernador y otros altos funcionarios del estado de Veracruz, por el desalojo arbitrario y violento de 35 adultos mayores que se manifestaron frente al palacio de gobierno en la ciudad de Xalapa, y las agresiones a dos periodistas que cubrieron los hechos.

El organismo público documentó que el 23 de diciembre de 2015 un grupo de jubilados se manifestó para exigir el pago oportuno de sus cheques por prestaciones de seguridad social y de fin de año, además de la exigencia de fondos en las cuentas bancarias para cobrarlos. En respuesta, policías estatales los desalojaron utilizando pistolas de descargas eléctricas, las cuales están prohibidas.

Los jubilados también fueron empujados con bastones largos y cortos, y agredidos verbalmente, además de que dos periodistas fueron amenazados y golpeados con toletes por los uniformados.

Tras investigar el caso, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos a la seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno e integridad personal y libertad de expresión, así como al derecho a la justicia en su modalidad de procuración, atribuibles a 22 servidores públicos adscritos al gobierno estatal.

En su exhorto, pidió al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, coordinarse con el Instituto de Pensiones y la Fiscalía General para reparar en forma integral el daño a los agredidos, y para inscribir en el Registro Estatal de Víctimas a los 35 jubilados y a los dos periodistas.

De igual forma, Yunes deberá colaborar con la CNDH en la denuncia que presentará ante la Fiscalía General para que investigue y determine las responsabilidades penales de 12 funcionarios públicos y demás autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública.

Al director general del Instituto de Pensiones de Veracruz le recomendó tomar medidas para cubrir las prestaciones de seguridad social a los pensionados, y colaborar con la CNDH en la denuncia que presente ante la fiscalía.