La vida le cambió el 18 de mayo de 2015. Elementos de la Marina perseguían a un presunto criminal en la costera Miguel Alemán, en Acapulco, Guerrero, sin considerar la presencia de civiles, uno de ellos abrió fuego. Una de las balas impactó en un joven que estaba por el lugar. Logró salvar la vida, pero ese disparo le dejó una secuela duradera: una paraplejia permanente e irreversible.

Por este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 31/2018 dirigida al titular de la Secretaría de Marina y Armada de México (Semar), Vidal Francisco Soberón Sanz, y al fiscal general del estado de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, pues su personal no indagó de manera adecuada los hechos.

Tras las investigaciones correspondientes, el organismo nacional encontró evidencia suficiente para acreditar violaciones a los derechos humanos a la integridad personal, seguridad jurídica y afectación al proyecto de vida de la víctima, atribuibles al personal naval; en tanto que funcionarios de la Fiscalía del estado violentaron la garantía de acceso a la justicia en su modalidad de procuración y a la verdad.

El joven, entonces de 21 años, estaba en compañía de su novia y un amigo en un puesto de comida cercano a la glorieta de la Diana Cazadora, cuando vieron que un individuo, que después se supo era un elemento naval, perseguía a un sujeto que corría hacia la playa. La víctima, ajena a los hechos, recibió un impacto de bala y fue trasladado a urgencias.

La Semar intentó evadir la responsabilidad al indicar que las lesiones fueron ocasionadas por el arma de fuego del presunto criminal. Sin embargo, apuntó la CNDH, los análisis de química forense que se practicaron a esa persona no revelaron elementos de plomo y bario, productos característicos de la deflagración de la pólvora, y los testigos refirieron que iba desarmado y que quienes realizaron los disparos fueron los persecutores.

Los marinos ejercieron un uso de la fuerza que no fue acorde con los principios de legalidad, necesidad, oportunidad, proporcionalidad y racionalidad, apuntó el organismo. Pues la persona perseguida estaba desarmada y no representaba amenaza o peligro real para su integridad física o su vida.

La CNDH advirtió, además, que agentes del Ministerio Público de Guerrero no realizaron una investigación pronta, exhaustiva, completa e imparcial para identificar a los probables responsables, lo que se tradujo en pérdida de evidencia y violaciones a derechos humanos.

En la recomendación se solicita la reparación integral del daño, mediante atención médica, sicológica y el otorgamiento de una compensación apropiada, pues los daños ocasionados a la salud e integridad física del agraviado constituyen afectaciones a su proyecto de vida, ya que se traducen en la pérdida o drástica reducción de oportunidades de desarrollo y realización integral, ante lo cual se exigen medidas de satisfacción y no repetición.