Las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que buscan generar las condiciones para garantizar la seguridad de los defensores de garantías fundamentales en el país, no son atendidas por los gobiernos de las entidades federativas. Esto pese a que se trata de uno de los sectores con mayor riesgo y vulnerabilidad, ya que de 2006 a la fecha suman 36 activistas asesinados en México.

Ayer, el quinto visitador general del organismo nacional, Edgar Corzo Sosa, presentó un estudio elaborado en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, que da cuenta del nivel de cumplimiento de las autoridades estatales a los exhortos hechos por la comisión en torno a las condiciones que enfrentan los defensores de derechos.

El funcionario de la CNDH detalló que las tres entidades más inseguras para los defensores son Chihuahua, Guerrero y Oaxaca, pues se han presentado 12, seis y cinco homicidios, respectivamente, de estos profesionales, lo que representa una situación muy preocupante.

El más reciente asesinato, refirió, fue el de Jesús Javier Ramos Arreola, opositor del nuevo aeropuerto capitalino, ejecutado la semana pasada en la puerta de su casa en Tlalmanalco, estado de México.

El estudio fue coordinado por la especialista Carolina Espinosa Luna. En éste se analizó el impacto que tuvieron el Informe Especial sobre los Derechos Humanos en México, emitido por la CNDH en 2011, y la Recomendación General 25/2016, sobre agravios a defensores de derechos.

Los instrumentos de la CNDH relativos a este tema son congruentes con los estándares más elevados de derechos humanos, pero son tan elevados que no se encuentran vinculados a las complejas realidades de los contextos locales, aseveró Espinosa Luna.

Debido a ello, subrayó, estos señalamientos prácticamente no se ejecutan en las entidades federativas y se quedan en aspiraciones normativas, pero que no tienen criterios de aplicabilidad.

La Recomendación General de 25/2016 plantea a los gobiernos locales la creación de leyes de protección a personas defensoras de derechos humanos. Sin embargo, sólo Coahuila incluyó en sus normas las seis garantías recomendadas por la CNDH: los derechos a defender, a la vida, a la integridad personal, a la verdad, al acceso a la justicia y a la protección. Por el contrario, 22 estados siguen sin tener una ley en la materia.

El análisis también hace un balance de los organismos estatales públicos de defensa de los derechos humanos, pues de acuerdo con los activistas entrevistados, su efectividad es nula.

Corzo Sosa criticó que las autoridades estatales se muestren reacias a realizar campañas que reconozcan la labor de los defensores, cuando muchas veces lo que hacen es suplir la tarea de los funcionarios públicos.